Mompó pone el foco en Boquera

La Diputación de Valencia no recuerda una sesión plenaria tan cargada de tensión en los últimos tiempos. Desde luego, no bajo la presidencia de Vicent Mompó ni de sus inmediatos antecesores en el cargo. El contenido de un informe firmado por el secretario de la corporación provincial, Vicente Boquera, en relación con una propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación ha derivado en un agrio enfrentamiento entre la portavoz de los populares, Reme Mazzolari, y el propio Boquera. Un choque que ha acabado por forzar un receso en la sesión plenaria de este martes y, finalmente, que el acuerdo que iba a adoptarse por amplia mayoría de la corporación, se haya quedado sobre la mesa.

La bronca de Mazzolari, que ha preguntado en reiteradas ocasiones a Boquera si era o no legal esa modificación de la RPT que se sometía a votación, ha destapado la enorme distancia existente entre la presidencia de la Diputación de Valencia y este alto funcionario de la corporación, una figura clave en el funcionamiento de la institución y que, en sus informes, ha puesto en cuestión algunos de los planteamientos e iniciativas impulsadas por el equipo de gobierno.

En esta ocasión, el informe de Boquera dejaba dudas respecto a algunas de las modificaciones de la RPT. En especial, el relacionado con el personal de apoyo a los grupos políticos de la corporación. «Respecto a la provisión de determinados puestos por el sistema excepcional de libre designación (...) señalaremos que, si bien a priori no está expresamente prohibido por la legislación, no cabe duda que debe contener una especial motivación derivada de las especiales funciones encomendadas».

Y añade: «No obstante, el expediente administrativo carece, en muchos casos, de una motivación suficiente que justifique puesto por puesto, cada uno de estos cambios».

Boquera cuestiona el abuso en el empleo de la rectificación de errores e inclusión de omisiones, la omisión de solicitudes de modificación de puestos de trabajo, la falta de descripción de funciones de determinados puestos de trabajo y la falta de antelación necesaria en la petición de informe preceptivo de Secretaría. Por todo ello, el informe concluía que la propuesta de modificación de la RPT de la Diputación, objeto del presente informe, «sigue la misma dinámica que las anteriores modificaciones, incurriendo en los mismos defectos y carencias ya apuntados por esta Secretaría en sus anteriores informes de 29 de enero y 14 de octubre de 2024, a cuyas consideraciones jurídicas nos remitimos». Y se añade: «La falta de informes técnicos, y de documentación firmada genera inseguridad jurídica y podría dar lugar a problemas de validez documental o futuras impugnaciones».

¿Pero es legal o ilegal? La pregunta en esos términos o muy parecidos se la ha trasladado la portavoz popular a Boquera en el transcurso del pleno. Y la respuesta del secretario de la corporación, que inicialmente evitaba contestarla, ha provocado la intervención del propio Mompó. «Me cuesta enfadarme, pero si hace falta también sé hacerlo», ha venido a decir.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, ha abierto la puerta a un receso para que los portavoces pactaran qué hacer ante la falta de respuesta clara del secretario. «Es inaudito lo que está ocurriendo», ha dicho. Mompó ha aceptado la propuesta y el pleno se ha detenido durante unos minutos.

A la vuelta, ha sido el propio Mompó el que ha instado a Boquera a aclarar si la modificación de RPT era o no legal. Y aunque la respuesta final de Boquera ha venido a ser que no era ilegal, los grupos han optado por dejarla en suspenso, a la espera de obtener informes más claros para el próximo pleno.

Las fuentes de la corporación provincial consultadas por este diario vinculan la bronca de este pleno con la pugna más o menos soterrada que Boquera y los habilitados de la Diputación de Valencia mantienen con el responsable de Recursos Humanos de la corporación provincial, Javier Bolinches. Un pulso que no sería ajeno a una propuesta de este último departamento dirigida a extremar el control sobre la labor de esos habilitados, un puesto que goza de poder casi absoluto en el seno de las Diputaciones provinciales.

A Boquera se le reprocha también que trufe de «consideraciones políticas» algunos de sus informes, cuando sobre el papel únicamente deberían de concluir si lo que se le plantea responde o no al marco de la legalidad vigente.

• Temas
• Partido Popular (PP)