Un cargo de Igualdad cuestiona las tesis del juez del caso del ex de Oltra

El letrado ha presentado un nuevo escrito ante el juzgado instructor, el tercero desde que se abrió la causa, ante el evidente «bloqueo mental» que sufrió su patrocinada el día de la declaración ante el juez que lleva el caso.

Lo más relevante del escrito presentado es que cuestiona la tesis del instructor de que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas recibió la orden de alejamiento del educador el 28 de julio de 2017 y no se actuó hasta mediados de agosto y, además, se ordenó la apertura de una «investigación paralela», según se califica desde la Audiencia.

La defensa de Fenollosa sostiene que el magistrado se confundió al ver el auto porque el primer cuño «parece que se corresponde» con el del registro de la unidad de enlace judicial, mientras que el segundo, este sí ha podido comprobarlo LAS PROVINCIAS, es el de la Policía Local de Valencia.

El magistrado, durante su interrogatorio, dio por hecho que el primer sello era de la Conselleria de Igualdad que dirige Oltra. La defensa lo rebate al menos con el documento que se exhibió en la sala. En ese auto, la marca de entrada no es el la de Igualdad.

Además, el escrito apunta que la resolución «adolece de errores de identificación», lo que pudo contribuir a la demora a la hora de actuar por parte de la conselleria, sugiere Fenollosa. Por ejemplo, subraya que el nombre del querellante no es correcto, así como la identidad del denunciado y que se recoge un delito diferente.

De comprobarse que el juez erró al observar los cuños –la realidad es que en la copias inicialmente aportadas no se puede distinguir con certeza– la cúpula de la Conselleria de Igualdad puede mantener su versión de que ese día no tuvo conocimiento de la existencia de un procedimiento penal en el que estaba inmerso el exmarido de la vicepresidenta.

La duda reside entonces en saber cuándo se produjo el conocimiento de los hechos a través de los cauces oficiales. La consellera Mónica Oltra ha explicado en numerosas ocasiones que ella se entera de estos hechos el día 4 de agosto y lo hace, además, por sus vínculos con el educador y no debido a su cargo de consellera. La defensa mantiene que no fue hasta el día 8 de agosto cuando conoció la existencia de un procedimiento judicial por estos hechos, según consta en otro documento aportado al sumario.

Sin embargo, aún dando por cierto el nuevo análisis de la documentación aportada, esto todavía no explica por qué casi una semana después de que la Conselleria de Igualdad conociera la apertura de diligencias penales decidió, por orden de la vicepresidenta, abrir un expediente que terminó bautizado como «información reservada» y cuyo contenido, lejos de evaluar el trato dado a la joven, eran nuevos informes relacionados con la falta de credibilidad de la menor en su denuncia.

Y todo esto, además, sin olvidar que en julio de aquel año a directora territorial de la Conselleria de Igualdad recibe en su móvil dos comunicaciones de la Fiscalía preguntando por qué no se había informado de este caso cuando tuvieron las primeras noticias, en febrero. Sin embargo, para Isabel Serra, que es abogada, aquello no le sirvió para tener el conocimiento de que Fiscalía estaba investigando ya los hechos. Remitió los mensajes a otros compañeros de la dirección porque ella estaba de vacaciones. Todo pese a la gravedad de estos hechos. Los casos de abusos a menores por parte de educadores de centros de protección son excepcionales.