Mónica Oltra se persona ya en la investigación judicial para tratar de evitar su imputación

La consellera de Igualdad ha querido ser parte en el procedimiento pese a no estar investigada. Lo ha pedido en el juzgado de instrucción y en el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). El alto tribunal ya la ha aceptado. De esta forma ha querido adelantarse a un posible pronunciamiento de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ.

 El objetivo es conocer con detalle todas las actuaciones que se han seguido en el juzgado de Instrucción 15 de Valencia así como la exposición razonada que elevó el juez al Tribunal Superior de Justicia planteando la imputación de la líder de Compromís. Resulta evidente que la consellera conoce todo lo instruido hasta la fecha porque casi una decena de cargos de su departamento figuran como imputados. Pero al no estar personada se le impide ejercer cualquier tipo de acción.

Es más, en algún momento, algunos subordinados han recibido el reproche del magistrado instructor al presentar escritos con documentación que era más un defensa de la actuación de la conselleria que de la propia responsabilidad de la persona afectada. Esta situación llegó a poner en un evidente aprieto a varias de las imputadas hasta llegar, en algún caso, al «bloqueo mental», tal y como justificó una de las defensas.

Del escrito de los letrados de Oltra se desprende su intención de alegar en el momento que el ministerio fiscal presente su informe acerca de los motivos para investigar a la vicepresidenta. La Fiscalía todavía no lo ha hecho. Tampoco se lo ha pedido el juzgado ni el TSJ. En otros casos recientes en los que se daba un procedimiento similar, el ministerio público sí presentó su escrito. Así ocurrió, por ejemplo, en las exposiciones motivadas de Rafael Blasco por el caso Cooperación y en el supuesto de Miquel Domínguez por el blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del PP.

La estrategia de los abogados pasa por presentar un escrito en el que desmonten la tesis de la exposición motivada del juez y evitar que la vicepresidenta acuda a declarar como investigada. Este asunto se mueve en dos planos casi igual de relevantes para la consellera: el judicial y el mediático-político. Evitar que Oltra acuda a declarar como investigada es ahora mismo el primer objetivo. Una presumible bola de partido en un ambiente tan extraño como el que se respira ahora en Compromís.

La propuesta de Oltra no es novedosa. De hecho, es una acción que ya utilizó Rita Barberá cuando fue investigada por el blanqueo del PP. Antes de que el titular de Instrucción 18 de Valencia enviara el asunto al Tribunal Supremo -Barberá era entonces senadora-, la exalcaldesa presentó un escrito con sus alegaciones. Esto no evitó su comparecencia en el alto tribunal. También podría solicitar voluntariamente su declaración, aunque en el caso de Oltra tendría un efecto político demoledor.

Esta estrategia, la de declarar voluntariamente, le dio un resultado óptimo al exministro socialista José Blanco cuando el Tribunal Supremo decidió archivar las pesquisas por tráfico de influencias en el conocido como caso Campeón.

El juez que investiga la gestión de la denuncia por abusos a la menor ha llegado a la conclusión, siempre con los indicios de que dispone, que no hubo un interés real en investigar los abusos del educador sino una «mera apariencia» de realizar determinadas averiguaciones, pero sin un ánimo real de esclarecer lo sucedido.

El auto, según el juez, detalla toda la desatención que sufrió la menor y cómo se llegó a la conclusión de que no era creíble el relato. Nadie vinculado directamente con la conselleria ofreció amparo a la menor víctima de los abusos. De hecho, el caso se conoce casi de forma casual por un informe de la Policía Autonómica.

A esos primeros meses de ausencia de una investigación rigurosa se le sumó, posteriormente, la apertura de un expediente por orden de la propia consellera para averiguar, en teoría, cómo se había actuado, el procedimiento administrativo. Oltra confesó que dio la orden, pero luego rectificó en público acerca de a quién se la trasladó directamente. Fue justo después de que retara a las acusaciones -«una cacería de la extrema derecha», las ha definido- con que fueran a por ella en vez de a por sus subordinados. Desde entonces, tras aquel episodio, la consellera parece haber rebajado la intensidad de sus declaraciones.

El dosier encargado por Oltra se acabó convirtiendo en un completo trabajo para desacreditar a la víctima y restarle credibilidad. Una conclusión que alcanzaron en su día los magistrados de la Audiencia que condenaron a cinco años de cárcel al educador Luis Eduardo Ramírez y que calificaron ese procedimiento administrativo como «investigación parajudicial». Este dosier no se aportó de forma íntegra a la Fiscalía de Menores hasta dos años después. El TSJ obligó entonces a repetir el juicio para incluir también ese dosier, favorable al docente, en el acervo probatorio. La Audiencia volvió a condenar al educador y, además, con la agravante de superioridad.