Las monjas de Segorbe piden una indemnización por el cierre del centro que ordenó Oltra

La reclamación, en la que, al parecer, no se recoge la compensación económica, se encuentra todavía en una fase administrativa. La conselleria, con sus nuevos dirigentes, debe ahora analizar si corresponde una indemnización y la cuantía. La congregación religiosa confía en una resolución favorable a sus intereses tras el cambio de Gobierno y en un asunto que los populares siempre criticaron al anterior Consell y a la líder de Compromís.

Los perjudicados reclaman por el tiempo que han estado inoperativos y la posibilidad de presentarse para obtener plazas de protección por las que se recibe un dinero. En caso de que la cantidad no satisfaga sus pretensiones o que directamente se niegue la indemnización, la orden religiosa puede plantear un contencioso para defender sus intereses.

La Justicia censuró en su momento todas las decisiones de Oltra respecto a las instalaciones de Segorbe. En el primer caso, la denuncia pública contra el educador –se dieron datos en Les Corts que permitían identificarle– terminó con su trabajo en el centro de acogida La Resurrección.

El juzgado absolvió al docente por falta de pruebas. Hoy, siete años después de aquel episodio, el profesor sigue reclamando una indemnización por una acusación que le dejó sin trabajo. Tampoco la Fiscalía encontró indicios suficientes para mantener una investigación al centro por supuestos malos tratos a los internos.

No fueron las única correcciones de los magistrados. Los jueces también reprendieron el cierre de las dependencias, una actuación sin amparo legal. El titular del juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón dictaminó que la orden de desalojo de los menores fue un acto «contrario a derecho e ilegal», según el fallo publicado en su momento por LAS PROVINCIAS.

La sentencia supuso en su momento un severo correctivo a la actuación de la consellera y vicepresidente Mónica Oltra quien emprendió una cruzada contra las monjas por supuestas irregularidades en las instalaciones y la existencia de un caso de abuso que la Justicia terminó archivando.

Los hechos tuvieron lugar en 2017, prácticamente en paralelo a la investigación a su exmarido Luis Ramírez Icardi por una denuncia de abusos sexuales. La consellera conoció ese mes de agosto, a través de una resolución judicial que llegó a su domicilio, la existencia de un procedimiento penal. La acusación popular de Vox ha tratado de vincular la contundente reacción en Segorbe con un supuesto conocimiento previo de los hechos que afectaban a su marido.

No es el único asunto de este episodio que ahora debe gestionar la conselleria. Teresa Tanco, la menor víctima de los abusos del exmarido de Oltra, Luis Ramírez Icardi, también reclama 280.000 euros por la desprotección que supuestamente sufrió en el momento de los hechos.