Montero reprocha ahora a los jueces que no sean igual de «contundentes» ante el PP

No es la primera vez que desde el Ejecutivo se lanzan reproches similares. El presidente del Gobierno siempre ha situado en ese marco las investigaciones que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, y el último congreso federal del PSOE, acabó convertido, el pasado noviembre, en un monumental acto de denuncia contra el «acoso judicial» del que dice ser objeto. Los socialistas reprochan además las manifestaciones de muchos magistrados contra la amnistía al procés antes incluso de conocer la ley y las trabas que, recriminan, han puesto a su aplicación una vez aprobada esta.

Este miércoles, Montero se presentó como víctima de un trato desigual. «Me llama la atención que tras unas declaraciones como las que yo hice las asociaciones de jueces salgan a criticarme. Me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político el que critica determinadas sentencias, dice que van a controlar por la puerta de atrás la sala segunda del Tribunal Supremo o cuestiona las sentencias del Tribunal Constitucional», dijo en alusión a las crítica de los populares a la anulación de las condenas de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el fraude de los ERE.

La vicepresidenta primera - protagonista en un foro organizado en Sevilla por 'El Correo de Andalucía'- también adjudicó al machismo estructural, y no a la gravedad de sus planteamientos, la vigorosa respuesta de jueces, fiscales, abogados y del Consejo General del Poder Judicial. «¿Podemos hablar o no podemos hablar de cómo se puede realmente garantizar que solo el sí es sí? Lo que yo creo que ocurre siempre que aproximamos estos debates es que por muchos canales se intenta evitar la cuestión de fondo, que es esta. que es que hay que intentar que las víctimas denuncien, que confíen en que su testimonio va a tener credibilidad», argumentó.

Hay, sin embargo, un dato relevante que la también número dos del PSOE y líder del partido en Andalucía obvió en su razonamiento, y es que las quejas lanzadas desde el mundo judicial tras su diatriba contra la sala de apelaciones del TSJC-realizada en el tono ardoroso propio de los mítines, durante el congreso provincial del PSOE de Jaén-, fueron transversales y tuvieron la extraña virtud de poner de acuerdo a las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras y progresistas. También a un CGPJ en el que, a diferencia del anterior -con una mayoría conservadora que prolongó su mandato cinco años más de lo debido por la falta de acuerdo de PP y PSOE para su renovación- ambas sensibilidades están muy equilibradas.

Ni las asociaciones ni el órgano de gobierno de los jueces negaron en sendos comunicados que los representantes políticos pueda mostrar su disconformidad con las decisiones de los tribunales, pero ambos hicieron hincapié en que las autoridades tienen «responsabilidad» de hacer compatible sus críticas con «la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones» y ambos remarcaron que el apoyo a las víctimas no puede implicar una renuncia a la presunción de inocencia, que es un principio constitucional básico.

En medio de sus reproches, Montero sí incluyó este miércoles afirmaciones como que España tiene un «sistema de Justicia robusto» o que «la mayoría de los juristas de este país tienen un trabajo intachable», pero frente a la defensa del CGPJ de la «profesionalidad y capacitación técnica de las magistradas y los magistrados» que hasta ahora se han pronunciado sobre el 'caso Alves', tanto en la Audiencia provincial de Barcelona como en el tribunal superior, insistió en su denuncia de que, por alguna razón, el «tema de la igualdad» siempre «desata resortes que son muy curiosos de analizar».

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reafirmó, por su parte, en que Montero debería haber dimitido y en atribuir las palabras por las que la vicepresidenta se volvió a disculpar no a un desliz o a su falta formación jurídica sino a una estrategia deliberada. «Yo entiendo que esto es una instrucción y una forma de desacreditar el Poder Judicial por parte del Gobierno del señor Sánchez. ¿Por qué? Pues me imagino para prever o para ir desacreditando los posibles autos y sentencias que afecten al PSOE», concluyó.