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M. HORTELANO/ M. E. ALONSO
VALENCIA/MADRID.
Viernes, 6 de agosto 2021
La propuesta que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció hace semanas en un desayuno en la capital, en la que planteó una subida de impuestos sólo para las clases altas madrileñas ... , lleva camino de convertirse en el culebrón del verano. Si el jueves, en su visita a Valencia, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivà, se mostraba abierto a estudiar ese nuevo gravamen propuesto por Puig, ayer su compañera de Gobierno y responsable de los tributos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, daba carpetazo a ese nuevo impuesto para las fortunas de la capital.
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El Gobierno cerraba así de golpe la puerta a estudiar un impuesto para las rentas altas de Madrid veinticuatro horas después de que Escrivá se comprometiese en Valencia a estudiar esta vía para compensar así el efecto capitalidad al resto de autonomías. «Esa propuesta no está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar nunca», zanjó. Montero sostuvo que la hoja de ruta del Ejecutivo en política autonómica es que «nunca enfrente territorios», mientras que reconoció que sus iniciativas se encaminan a «buscar el consenso, el diálogo, la capacidad de ponernos de acuerdo entre todos los territorios que conforman España para que no se produzcan comparaciones ni agravios por vivir en un territorio u otro». «Jamás van a encontrar en este Gobierno nada que enfrente a los territorios», dijo Montero, tras insistir en que «ni existe la propuesta ni el futuro va a estar porque no trabajan en esa dirección».
El planteamiento de Escrivá se había encontrado con el rechazo frontal del PP que cree que con este movimiento el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiere tapar sus propios fracasos atacando a los gobiernos regionales populares. «Cuando lleguemos al Gobierno bajaremos impuestos y burocracia, reduciremos los ministerios a la mitad y mejoraremos la financiación autonómica», ha escrito en su cuenta de Twitter, mientras ha prometido bajar impuestos y reducir ministerios si llega a la Moncloa.
Según los conservadores, el Ejecutivo «quiere penalizar en los bolsillos de los madrileños la buena gestión que están realizando» los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida en Madrid con «su política de bajos impuestos, la misma que practican el resto de comunidades y ayuntamientos populares». Y advierten de que si Sánchez aprueba una medida de este tipo pagará en las urnas su «madrileñofobia» como, a su juicio, ya ocurrió en las autonómicas del pasado 4 de mayo.
La propuesta de Puig ha despertado dudas no solo entre los expertos, que no ven claro que el Estado puede aplicar una medida que regule un impuesto sobre una sola comunidad y un umbral de población concreto, en este caso las rentas altas, también entre algunas comunidades. «Poner un impuesto a un ciudadano que vive en una comunidad autónoma por el hecho de residir en esa comunidad me parece de dudosa constitucionalidad», reconoció el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Para el mandatario gallego un impuesto específico a Madrid sería una «evidente equivocación» que contribuiría a incendiar más el debate territorial, marcado por el conflicto catalán. Una opinión que comparten el cántabro Miguel Ángel Revilla, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco o el extremeño Guillermo Fernández Vara. El socialista califica de «ocurrencia» la tasa que propone Puig y advierte de que lo único que crea es «confrontación».
Tampoco el Gobierno de Aragón, con Javier Lambán a la cabeza, está muy por la labor de apoyar el impuesto. «No somos partidarios de imponerle tasas específicas a ninguna comunidad, sea la que sea», advierten. Aunque sí verían con buenos ojos consensuar algún tipo de armonización fiscal entre autonomías, al igual que Cantabria o Extremadura.
Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, tampoco es partidaria de implantar un «impuesto a los ricos de Madrid» y prefiere establecer una «legislación básica que no permita a ningún territorio hacer dumping fiscal» al resto. A su juicio, «quien sufre» es la población que vive en la Comunidad de Madrid, ya que «allí tiene más consideración alguien que se pone el domicilio ficticiamente para evadir impuestos que una persona que vive allí». «¿Quién son los madrileñófobos?».
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