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El día después de que la Comunitat Valenciana hiciera públicas sus alegaciones a la propuesta de criterio de población ajustada del Ministerio de Hacienda, la titular de ese departamento, María Jesús Montero, defendió que las propuestas que presenten las autonomías a la reforma de la financiación ... «no sean un planteamiento que solo persiga el interés de cada territorio respecto a qué variable son las que mejor le vienen o sientan a cada comunidad».
Las palabras de la ministra, justo tras conocerse las alegaciones valencianas, encierran un evidente cuestionamiento de su contenido. Así lo interpretaron algunos cargos de la conselleria. Las alegaciones valencianas cuestionan algunos de los criterios incluidos en la propuesta de población ajustada presentada el pasado 3 de diciembre y, al mismo tiempo, reclama la incorporación de un fondo de nivelación para compensar a las regiones infrafinanciadas, así como la condonación de la deuda histórica de la Comunitat, que la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra llegó a estimar en 30.000 millones de euros.
Según ha recordado la ministra en rueda de prensa, hasta el 31 de enero tienen las comunidades autónomas de plazo respecto al documento de población ajustada planteado por su departamento en torno a la reforma del sistema de financiación autonómica, tras reuniones bilaterales con las regiones. De hecho, el Gobierno valenciano tiene previsto dar luz verde este viernes a esas alegaciones –no es una aprobación como tal, sino más bien informar a todos los consellers de su contenido– y remitirlas el lunes al ministerio.
Montero reafirmó que solo es posible sacar adelante esta reforma de la financiación autonómica si todos tienen «altura de miras» y si cada territorio tiene capacidad de sobreponerse a lo que sería su aspiración de máximos para encontrar una posición que beneficie a todos. Una reflexión que cuestiona la posición de la Comunitat, que ha admitido en privado que ha realizado una propuesta de máximos de cara a la negociación con el resto de CCAA.
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Montero ha criticado a los que pretenden hacer un «ranking» por comunidades autónomas de este modelo planteado, que es una pata de la reforma. «La obligación del modelo es garantizar la igualdad en la prestación de servicios públicos en todos los territorios de España», remarcó. En realidad, ese ránking al que se refiere la ministra lo hizo la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que dirige Ángel de la Fuente, y que concluyó que regiones como Aragón y Extremadura salían especialmente beneficiadas, y que en cambio, otras como Cataluña y la Comunitat Valenciana salían perjudicadas.
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