Morera impide que Les Corts informe si es legal el cambio del presupuesto del Consell

La síndica del PP, Isabel Bonig, pidió el viernes amparo a Enric Morera, presidente de Les Corts, para ver si es legal la reordenación del presupuesto completo de una conselleria, la de Oltra, a través de una corrección de errores. Según la propia vicepresidenta, Hacienda le hizo el presupuesto, se lo falseó. La conselleria de Soler tramitó una corrección de errores, que en realidad era un nuevo presupuesto. Cuando esa rectificación llegó a la Mesa de Les Corts, el vicepresidente segundo, Jorge Bellver (del PP), advirtió: aquello «precisaría de la aprobación del Consell» porque no era «una simple corrección», un error de transcripción de datos. Sin embargo, se tramitó. El Botánico impuso su mayoría. El expresidente del Consell Jurídic, Vicente Garrido, una vez se conoció el modo en que se habían hecho y deshecho líneas presupuestarias por un valor superior a 1.900 millones de euros, ya advirtió que era improcedente, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS. Dio igual. El Botánico siguió adelante por las bravas. Y ante la petición del PP de que los juristas de Les Corts se pronuncien, ayer Morera decidió por su cuenta y riesgo bloquear la petición de amparo de Bonig, que queda desamparada.

De esta forma, el Botánico detiene por tierra, mar y aire las reclamaciones de los populares ante una tramitación de los presupuestos que genera muchas dudas legales. El rechazo de Garrido, de hecho, coincide con el artículo de un letrado de Les Corts, Juan Antonio Martínez Corral, que bajo el titulo 'Los errores en la redacción y la publicación de las leyes: formas de corregirlos y su incidencia sobre la entrada en vigor de aquellas', se publicó en 2009 en la Revista Española de la Función Consultiva –que dirigía el propio Garrido–. Martínez Corral, letrado de la comisión de Economía de Les Corts, alude al significado restrictivo de la expresión «error en la publicación», pues debe tenerse por tal no «cualquier error que afecte a una ley publicada, sino tan sólo aquel que se ha producido en esta última fase del procedimiento. Supone que el texto de la ley que ha sido remitido al Boletín Oficial del Estado es el correcto y que el defecto se ha ocasionado en el momento de su reproducción material».

La negativa de Morera a tramitar la petición del PP consigue, en defintiva, que letrados como el propio Martínez Corral no se pronuncien sobre la legalidad de la supuesta «corrección». El presidente de la Cámara, el máximo representante del poder Legislativo, evita que sus letrados se inmiscuyan en la crisis dentro del Ejecutivo, el Consell, que provocó la llegada a Les Corts de unas cuentas falseadas, según insiste la propia Oltra. La vicepresidenta recalcó el viernes pasado que a causa de esa invención se tuvo que enviar finalmente a la Cámara un documento de 200 páginas que rectifica el presupuesto que Hacienda remitió inicialmente a Les Corts: «Las cuentas estaban todas mal. No hay ni un número bien».

Esta estrecha vinculación entre Ejecutivo y Legislativo en tiempos del Botánico tiene otros ejemplos. Ayer, sin ir más lejos. La diputada de Unides Podem Estefanía Blanes reconoció abiertamente que las negociaciones entre PSPV, Compromís y los podemistas en Les Corts en torno a las enmiendas a la ley de acompañamiento del Consell incluyen «informes de Hacienda». Esto es, informes de la conselleria que elabora la propia ley que se pretende enmendar. Se trata de un asesoramiento técnico, explicó Blanes, una colaboración entre los parlamentarios y el personal de la conselleria para ver si las propuestas tienen «encaje», una comprobación que el Legislativo realiza sin perder de vista esos «informes» del Ejecutivo. No es descartable que cuando se realizan este tipo de consultas se envíe a comprar tabaco al señor Montesquieu y a su teoría de la separación de poderes.

Morera, en el escrito dirigido a Isabel Bonig para desampararla, afirma que no parece que una corrección de errores «menor o mayor» antes del inicio del plazo de enmiendas pueda generar «ningún perjuicio» a ningún grupo parlamentario.

El presidente de Les Corts señala, además, que el año pasado también se presentó una corrección y no se pidió ningún informe ni ningún grupo cuestionó su tramitación, y concluye por todo ello que «no procede» pedir un informe jurídico. En la Cámara, el argumento de que las cosas se hacen de una determinada manera (bien o mal, da igual) porque siempre se han hecho así es el pan nuestro de cada día.

El síndic socialista, Manolo Mata, apuntó que se trata de lo que el Tribunal Constitucional llama «formalismos enervantes», y se preguntó si lo que pretende el PP es que no haya presupuestos. Mata apoyo la legalidad del formalismo aunque señaló (él sí contempla esa posibilidad) que si fuera ilegal, hay alternativas.