Morera impide al PP preguntar por los contratos con la mujer de un excargo de Compromís

El presidente de Les Corts, Enric Morera, ha frenado la tramitación de casi 200 solicitudes de documentación presentadas por el PP valenciano para que todos los ayuntamientos de la provincia de Valencia aclaren si mantienen algún tipo de contrato con María Nieves González. En su respuesta, el máximo responsable del Parlamento valenciano explica que, del contenido de las iniciativas, no puede concluirse que afecten al ámbito de la Comunitat Valenciana, y sí en cambio, al del control de la actividad municipal.

Las solicitudes de documentación presentadas por el PP, y que llevan la firma de la portavoz adjunta Elena Bastidas, solicitan copia de todas y cada una de las facturas emitidas por esta persona para la prestación de servicios con cada uno de los ayuntamientos de la provincia, desde el 1 de julio de 2015 y hasta la fecha de respuesta de la iniciativa, así como copia de la documentación relativa al procedimiento de adjudicación del servicio. Nieves González es abogada y la mujer de Josep Lluis Ferrando, el que fuera secretario autonómico de Vivienda y Obras Públicas y, previamente, director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Durante la pasada legislatura ocupó uno y otro cargo en el Consell del Botánico.

Ferrando es licenciado en Derecho por la Universitat de València en 1994, y diplomado ADEIT en Urbanismo. Según su currículum, es funcionario de carrera de la Administración Local y abogado urbanista, y militante de Compromís desde 1994. Durante su trayectoria profesional, se ha dedicado especialmente a cuestiones urbanísticas y de gestión de la administración local, destacando por ser el letrado defensor de la Plataforma ciudadana «Salvem Porxinos».

Las solicitudes de documentación de los populares, con fecha de finales del mes de enero, no establecen esa vinculación entre Ferrando y su mujer –letrada como él–, aunque se intuye que la iniciativa trata de aclarar cuántos consistorios pueden haber contratado sus servicios y si esa circunstancia estaba vinculada al cargo público que ejerció su marido.

En la justificación del veto a las solicitudes de documentación, Morera señala que no consta «ningún indicio de la existencia» de la documentación que se solicita «dado que no hay identificación de la documentación que se solicita».

Además, remarca que esas solicitudes constituyen «iniciativas de control de las administraciones locales», por lo que serían objeto de la función de los concejales de cada uno de los consistorios.

El escrito, con fecha del pasado 7 de febrero, trata de obviar la relación existente entre la persona por la que se pregunta y un exalto cargo de Compromís y señala además que la acción de control de la actividad municipal es «manifiestamente ajena» a la labor del Parlamento.