Morera tramitó iniciativas como las que ahora veta al PP

El grupo popular de Les Corts ha presentado una iniciativa dirigida al presidente de Les Corts, Enric Morera, en la que le solicita que dé marcha atrás a su decisión de bloquear casi 200 solicitudes de documentación presentadas por la portavoz adjunta Elena Bastidas y que afectan a los contratos de todos los ayuntamientos de la provincia de Valencia con María Nieves González, la mujer del exsecretario autonómico de Vivienda y Obras Públicas, y cargo de Compromís, Lluis Ferrando.

El escrito de reposición, con fecha del pasado miércoles, confirma que la motivación de las iniciativas de la diputada popular no era otra que la «averiguación de la posibilidad» de que la susodicha abogada «se estuviera prevaliendo de la posición de su marido como alto cargo de la Administración de la Generalitat» para obtener adjudicaciones de las administraciones locales.

El texto detalla incluso que se «ha constatado la existencia de un patrón repetido en numerosos municipios de la provincia de Valencia gobernados por el partido al que está notoriamente vinculado Ferrando y las adjudicaciones» a su mujer.

Tal y como ayer informó este diario, el presidente de Les Corts firmó hace pocas semanas un escrito por el que rechaza las casi 200 -una por cada municipio de la provincia de Valencia- solicitudes de documentación presentadas por Bastidas, con argumentos vinculados a que «no consta indicio alguno de la existencia de la documentación que se solicita» o a que se trata de solicitudes que, por tener carácter local, no afectan al ámbito de la Comunitat.

En su escrito, la diputada popular censura la «decisión unilateral» de Morera, y considera que ese hecho supone «una clara vulneración de los derechos y prerrogativas» de Bastidas. «Los argumentos expuestos (por Morera) no solo carecen de sustento jurídico, sino también son contrarios a los actos propios anteriores de esta Cámara».

En concreto, la portavoz adjunta del grupo popular menciona unas solicitudes de documentación de su compañera de partido, María José Catalá, durante la pasada legislatura, y que fueron tramitadas con normalidad por la presidencia del Parlamento. Ese hecho «pone en evidencia que la presidencia de Les Corts, incluso ejercida por el mismo titular, ha adoptado decisiones radicalmente contrarias a esta en el pasado inmediato».

Bastidas sostiene en su recurso que las facturas y documentos que solicita –todos los contratos suscritos por cualquiera de los ayuntamientos de la provincia de Valencia con la mujer de Ferrando– guardan relación directa con la Comunitat. «Esta diputada tiene fundadas sospechas de que se hubiera podido adjudicar atendiendo no a razones de mera legalidad, sino a la posición del cónyuge de la contratista como alto cargo de la Administración del Consell».

La diputada popular llega a sugerir incluso que el veto de Morera «con apreciaciones de índole personal o política, que acrecen de sustento jurídico y que resultan contradictorias con los actos propios anteriores» atiende a su propia vinculación con el partido del exalto cargo afectado. Por eso, señala, que sólo «pueda verse en el acuerdo impugnado una excusa de la Presidencia para evitar que, por razones distintas de las aludidas, en clara desviación de poder, esta diputada conozca los documentos conocidos, por lo que pudiera serle de perjuicio».