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El caso Azud es una trama con una particularidad única: aglutina a miembros del PP y del PSPV. Una red que supuestamente compró las ... voluntades de dirigentes municipales populares y socialistas. Como principales estandartes del bipartidismo local se situaban entonces Alfonso Grau y Rafael Rubio.
La Fiscalía mantiene que ambos aceptaron comisiones a cambio de favores urbanísticos al entramado de Jaime Febrer. La imputación de Rubio no ha quedado en un asunto aislado. Las pesquisas han salpicado también a su pareja, Amelia Quintana. Hace unos meses, su mujer presentó un extenso escrito en el juzgado en el que reclamaba el archivo de las actuaciones.
En esa exposición, daba una de las claves para tratar de justificar los sospechosos ingresos en efectivo (2007-2012) en una de las cuentas del matrimonio: las herencias. La mujer recibió algo más de 333.000 euros de la muerte de familiares cercanos. Una cifra cercana a la mordida que se imputa a Rubio. La defensa de la mujer explica que parte de lo que sobraba de su sueldo de funcionaria del Ayuntamiento de Valencia se transfería mediante cheques a una cuenta que compartía con su marido desde donde se ejecutaban diferentes inversiones. Del escrito se desprende que ella nunca participó en decisiones de naturaleza económico.
El matrimonio obtenía unos ingresos anuales de 95.000 euros. En el total del periodo bajo investigación, algo más de un millón de euros. De tal forma, que vivían en «una situación desahogada». Pero, además de esas circunstancias, la mujer recibió 330.000 euros de herencias. En este sentido, detalla los 14.000 euros de su madre más otros 5.000 de la venta de un solar en Motril.
De igual modo, una tía le dejó 86.000 euros, el fallecimiento de su padre le reportó más de 100.000 euros de una cuenta, así como 123.000 de la venta de un piso en Marqués de Dos Aguas. Esta última transacción, junto a la de los 100.000 euros aparecen justificadas ante Hacienda, siempre según la letrada. La Fiscalía Anticorrupción, sostiene, sin embargo, que había un supuesto concierto para la realización pequeños ingresos en las cuentas con tal de enmascarar el origen delictivo de la aportación.
Otro de los asuntos controvertidos es la contratación de una caja de seguridad en el banco BBVA. El motivo era guardar las joyas de la familia, según indica. Estas siempre habían estado en casa de su padre, el suegro de Rubio, pero tras unos problemas de salud, optan por el otro dispositivo de seguridad.
La defensa de la mujer de Rubio aporta también una pericial de las piezas para acreditar su valor. Años más tarde deciden instalar una caja fuerte en el propio domicilio de Rubio. Esa que el día del registro se tuvo que llamar a un cerrajero para abrirla porque se habían agotado las pilas. Las piezas, según la tasación de un experto, se encuentran entre los 168.000 y 172.000 euros.
La defensa sostiene que no hay motivos para mantener la investigación a Quintana por el simple hecho de mantener cotitularidades formales de cuentas bancarias (o. productos) «de mi mandante con su cónyuge, en los cuales se habrían realizado ingresos que se dicen derivados de un ilícito anterior (presunto cohecho) en el cual no se relaciona a mi mandante de ninguna de las manera. No se puede pretender —según la letrada- que una relación conyugal constituya una especie de «medio de transmisión o contaminación delictiva como si ella y su esposo fuesen un mismo cuerpo.
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