Narbona admite sobrecostes en las desalinizadoras pero no que beneficiasen al PSPV

valencia/madrid. La exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona admitió ayer que hubo sobrecostes en la construcción de seis desaladoras, en el marco del Programa Agua, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pero también subrayó que los sobrecostes «son frecuentes» y «no siempre es corrupción».

La también presidenta del PSOE, que compareció en la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos del Senado, culpó de esos sobrecostes al PP por haber entorpecido la construcción de las desaladoras con «amenazas, descalificaciones y trabas administrativas de todo tipo que generaron alarma social y empresarial».

Ante estas explicaciones, el senador del PP Luis Aznar informó de que el Tribunal Cuentas ha detectado 214 millones de euros de sobrecostes en seis desaladoras sobre un proyecto total de 2.000 millones, lo que supone que algunas de estas instalaciones tuvieron sobrecostes de más del 45%. El senador también aseguró que las empresas a las que se había encargado la construcción de las desaladoras pagaron «mordidas» a la empresa pública Acuamed, a través de campañas publicitarias.

Respecto a las responsabilidades políticas que los populares piden al PSOE, Aznar insistió en que hay una «trama» de empresas que han financiado al Partido Socialista por lo que pidió que «se les aplique la misma medicina que ellos han aplicado a los demás».

En su turno de intervención, Narbona negó tajantemente las acusaciones del senador popular: «No admito que en sede parlamentaria nadie me diga que tengo algo que ver con una caja B o una mordida porque cuando tuve el menor indicio de una actuación no correcta, lo cesé».

En la misma comisión, la exministra de Vivienda Beatriz Corredor negó cualquier vinculación en la supuesta trama de financiación irregular del PSPV entre 2007 y 2011 e incluso conocer la existencia de la empresa 'Crespo Gomar', que facturaba servicios para los socialistas valencianos y estaba contratada por Vivienda. En su comparecencia en el Senado, Corredor aseguró que como ministra «no tenía ni el deber, ni la obligación, ni la capacidad de conocer el estado de la contratación» e insistió en que se sentía «frustrada e indefensa» ante la Cámara por no poder aportar nada más.

Por otro lado, la exdirectora general de Consumo Etelvina Andreu negó ante la juez haber intermediado a favor de la empresa de comunicación Crespo Gomar para que fuese la adjudicataria de una campaña de publicidad en 2008 por el importe de 184.138 euros.

La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid había citado a declarar a esta responsable de Sanidad cuando Bernat Soria era ministro como investigada por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos. Andreu sólo contestó a las preguntas de su defensa, de la Fiscalía y de la juez.

Durante el interrogatorio Andreu admitió que conocía a Alberto Gomar, hijo del ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia y gerente de la agencia de comunicación, aunque destacó que no sabía que era el responsable de dicha empresa. En esta línea, defendió que ella no podía haber intervenido durante la contratación para que Crespo Gomar resultase la adjudicataria de la campaña de publicidad que promovía el consumo responsable, pese a que fue la empresa de comunicación que organizó la campaña electoral de 2007 para el PSPV, comicios en los que Andreu fue candidata a la alcaldía de Alicante. Por otro lado, en un auto de la juez de Valencia que comenzó a investigar la presunta financiación ilegal señaló que presuntamente este contrato se hizo a través de la que fuera directora general de Consumo.