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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenía programada una reunión para hoy con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La cita se había anunciado decisiva. Ante los recortes del presupuesto del Consell propiciados por la inestabilidad del Gobierno central se señaló este encuentro como clave. La vicepresidenta Mónica Oltra postergó el viernes al resultado de esa cumbre cualquier tipo de debate en el seno del Consell, hasta ahora muy enconado, sobre el tijeretazo. El PP andaluz había criticado a Montero al considerar «sectario» su encuentro con Puig, que precisaba de resultados contantes y sonantes para volver a Valencia con buenas noticias. Pues no. Durante la mañana de ayer, en Presidencia se mantuvo un extraño silencio sobre la cita. Hacia las 19 horas se reconocía desde la Generalitat que no había visos de reunirse. Montero forma parte del equipo negociador del PSOE, que ayer acordó retomar hoy su diálogo con Podemos con el fin de intentar formar Gobierno. Como la reunión entre los socialistas y podemistas se ha situado a la misma hora en la que Montero iba a recibir a Puig (hacia las once de la mañana), el presidente se queda compuesto y sin cita. Ni siquiera se logró un adelanto de la reunión, a las nueve de la mañana, con el fin de salvar la cara del jefe del Consell. Para compensar, quizá a modo de consolación, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, mantendrá una reunión con la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, para abordar las cuestiones previstas. En Compromís, ayer, se mostraron estupefactos al conocer la no-reunión. Fuentes nacionalistas recordaron que, si Sánchez no hubiera pospuesto un mes el diálogo con Podemos, quizá ahora no habría tanta prisa y la ministra podría haber mantenido su palabra. En cualquier caso, Montero, en su agenda pública, nunca había consignado la cita. Todo estaba en el aire y, ciertamente, el viento se lo ha llevado. Habrá que ver qué da de sí la reunión entre Soler y Bardón, si bien fuentes del Botánico, tras la anulación de la cita a primer nivel, señalaron ayer que es posible que el conseller no se traiga más que «buenas palabras», pero ningún compromiso financiero que permita al Gobierno valenciano rebajar el ajuste del presupuesto generado por la falta de la financiación que debería llegar desde Madrid.
«Reivindicar sin responsabilidad es demagogia». La frase es de Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, y la pronunció ayer por la mañana, justo antes de inaugurar las jornadas parlamentarias organizadas por su partido para preparar el inicio de curso político. La referencia a la reivindicación la trasladó a los medios de comunicación, aunque muy probablemente el destinatario último del mensaje fuera Compromís, el partido que lidera Mónica Oltra. Y la hizo cuando creía que iba a reunirse con Montero para abordar la delicada situación financiera de la Comunitat y la necesidad de realizar recortes. «Las entregas a cuenta no deberían estar vinculadas a la decisión de cada Gobierno», deslizó el presidente valenciano, que se refirió así a la actualización de las entregas a cuenta correspondiente al sistema de financiación. Un anticipo que el Gobierno central remite a las CCAA con los datos de 2018, pero que si remitiera actualizados a 2019 supondría un incremento de unos 5.000 millones para todas las regiones –y de unos 450 millones para la Comunitat–.
El debate sobre el bloqueo de las entregas a cuenta no es nuevo. Puig quería plantear a Montero posibles soluciones, como la deslizada por el PP para que esos fondos lleguen a las autonomía a través de un préstamo del propio Gobierno a interés cero, o mediante una proposición de ley que apruebe el Congreso –y que burle el reparo de la Abogacía del Estado a que un Gobierno en funciones pueda adoptar una medida de este tipo–. El Gobierno valenciano mantiene en su hoja de ruta la aprobación de recortes.
Puig insistió en la inexorabilidad de aplicar ajustes por parte de la administración autonómica -«¿alguien pensaba que no tener presupuestos (del Estado) no tendría consecuencias?», se preguntó- pero midió el tono reivindicativo frente al Gobierno central, al que cedió toda la responsabilidad a la hora de ofrecer soluciones a las CCAA.
Las palabras de Puig, que contrastan con la petición de «elevar el tono» que se le hizo llegar desde Compromís, chocan con la posición que ayer mismo mantuvo el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. El dirigente popular aseguró que su gobierno no aplicará ningún ajuste este ejercicio si no recibe la parte de financiación autonómica que adeuda el Gobierno a todas las autonomías. Moreno acusó al Ministerio de Hacienda de empujar a las Comunidades al déficit, algo «inaudito».
En un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, Moreno ha subrayado que la Junta espera recibir 1.350 millones de euros del sistema de financiación, la parte de las entregas a cuenta que retiene Hacienda a Andalucía al estar los Presupuestos de 2018 prorrogados y el Ejecutivo en funciones.
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, auguró ayer que Montero, «tiene varias soluciones en mente» para solventar los problemas de financiación. Habrá que ver si Inés Bardón se las cuenta a Soler o incluso realiza un planteamiento más concreto. Desde la Generalitat se consideró que la suspensión se produce por una circunstancia sobrevenida.
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