La UCO ve un negocio de 86 millones de los Cotino gracias a Zaplana

Los investigadores del caso Erial, los agentes de la UCO que durante dos años han examinado al milímetro la vida de Eduardo Zaplana, han calculado en 86 millones de euros el negocio que la familia Cotino generó con el trato de favor que el expresidente de la Generalitar les dio en diferentes adjudicaciones públicas. En concreto, la investigación judicial pivota alrededor de los parques eólicos y la privatización del servicio de las ITV. Con esa cifra no resultarían extrañas las comisiones de cerca de diez millones de euros que supuestamente se pagaron a mercantiles del entramado del exministro desde la propia empresa matriz de los Cotino, Sedesa. Los mordidas, al parecer, pudieron camuflarse como facturación falsa, para ocultar el origen del dinero.

Zaplana utilizó varias sociedades dentro de la estructura empresarial que presuntamente diseñó para ocultar el dinero. A través de diferentes métodos ingresaba las cantidades procedentes de los sobornos en dos de estas sociedades (Med Levante y Costera del Glorio) mientras tenía una tercera con la que realizaba inversiones inmobiliarias. El exministro, gracias a determinadas operaciones, pudo doblar el importe de las comisiones iniciales, alrededor de diez millones de euros. Su patrimonio no se corresponde con los ingresos por su actividad laboral.

La instructora decretó esta semana el decomiso de una veintena de propiedades, todas relacionadas de manera directa con Zaplana. De tal forma que, si el investigado no demuestra la procedencia lícita de estas posesiones, no podrán utilizarse para sufragar la responsabilidad civil en caso de una hipotética condena. Debería abonarla con otros bienes. También se le reclamó la colección de relojes de lujo que debe entregar en el juzgado para que sea custodiada por la autoridad judicial.

Aparte de los bienes anteriores, el juzgado ha requisado importantes cantidades en efectivo. Por ejemplo, los 14.000 euros que se encontraron en caso de Zaplana, los 54.000 en posesión de los testaferros o los 7.500 de Robert Edgard, otro de los investigados en la trama, amigo de Zaplana y que en su día fue nombrado consejero de la sociedad que gestiona Terra Mítica. Al parecer, era amigo de la infancia del expresidente de la Generalitat.

La jueza informó recientemente a los letrados de que se iba a proceder al volcado de todo el material informático que los agentes decomisaron en los numerosos registros desarrollados durante la operación policial. Vicente Cotino fue uno de los empresarios cuyos negocios experimentaron un gran auge en la etapa del Partido Popular. El industrial ha sido condenado por financiar de manera ilegal al PP -con el pago de actos electorales a través de facturación falsa- y por falsificar una factura para camuflar la entrega de 500.000 euros al expresidente José Luis Olivas. Ambos trataron de simular que se había efectuado un asesoramiento por la venta de unas acciones, precisamente de los parques eólicos que se investigan.

La Zona VI del Plan Eólico fue adjudicada en su día a la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos y en la que la empresa Sedesa, de Vicente Cotino, tenía una participación del 25 por ciento. En noviembre de 2006 comenzó el montaje de los primeros parques eólicos del Plan Eólico Valenciano, en concreto en la denominada zona seis, con siete parques previstos en la comarca del Alto Palancia en Castellón. La sociedad Proyectos Eólicos, creada para promover esta energía en la Comunitat, resultó adjudicataria mediante concurso público del desarrollo eólico de las zonas 5 y 6 y de la 11 en Valencia.