Los negocios de la familia Cotino tropiezan de nuevo con la ley

Cotino y Zaplana. Dos apellidos que durante décadas simbolizaron un pulso político y una aparente enemistad. Ayer, Cotino y Zaplana quedaron asociados por una misma operación policial. Mientras unos agentes registraban la casa del expresidente de la Generalitat en el centro de Valencia, otros investigadores se personaron en la gran alquería que la familia del expresidente de Les Corts gestiona en las afueras de Xirivella, residencia que sirve de centro de operaciones para una familia, los Cotino, que vuelve a tropezar con la Justicia.

El empresario Vicente Cotino fue detenido ayer, al igual que su hermano José. Los Cotino llevan 30 años de actualidad. Durante dos décadas, a partir de los 90, su presencia era para bien. Tenía que ver, en lo político, con el ascenso de Juan Cotino, una carrera que le permitió dirigir la Policía Nacional durante la etapa de José María Aznar al frente del Gobierno central, y tras aquella época se convirtió en una pieza clave en la política autonómica.

En lo económico, su sobrino Vicente, se convirtió en la cabeza visible de un potente entramado empresarial relacionado con la obra pública y que derivó en el negocio de las residencias sin perder de vista otras actividades e inversiones como las relacionadas con las ITV o con el sector eólico, así como, actualmente, en el negocio inmobiliario.

El grupo Savia se convirtió en una de las empresas de referencia para los gobiernos autonómicos del PP en todo el proceso de concesiones en la rama de la asistencia social. Actualmente, el Consell del Botánico aún realiza adjudicaciones a las empresas de la familia para el servicio de residencias para mayores que gestiona la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.

En cualquier caso, durante la década actual, todo aquel ascenso económico y polítco se truncó. La presencia de la Guardia Civil en la gran alquería de los Cotino en Xirivella, la localidad natal de Juan Cotino, el registro de esa vivienda familiar, parece iniciar el epitafio de una influencia político-económica que se evapora entre procedimientos judiciales, unos en fase de instrucción y otros finalizados de manera poco satisfactoria para los Cotino.

Juan Cotino, primero concejal en el Ayuntamiento de Valencia, luego director de la Policía Nacional, delegado del Gobierno en la Comunitat, conseller, vicepresidente... La pasada legislatura la inició como presidente de Les Corts. Sin embargo, en octubre de 2014 se vio obligado a dejar un cargo que le situaba como la segunda autoridad de la Generalitat, si bien su relación con la dirección del PPCV que lideraba Alberto Fabra era, como poco, distante.

La dimisión de Cotino la forzó su inminente imputación en una de las piezas de Gürtel, concretamente en la relacionada con la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI. El expresidente de Les Corts se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 11 años de cárcel, acusado, por parte de los informes de la Udef, de que se hinchasen deliberadamente el precio de las pantallas instaladas con motivo de la visita de Benedicto XVI. Está pendiente de fecha de juicio. En la Operación Erial figura como investigado. El que sí sabe lo que es pasar por los tribunales y ser condenado es su sobrino Vicente Cotino, detenido ayer junto a su hermano José Cotino Escrivá. La presencia de Juan en puestos de responsabilidad en todo tipo de niveles de la Administración y la pujanza de la actividad económica de su familia (muy diversificada) fueron reiteradamente vinculadas y criticadas desde la oposición. Finalmente, este mismo año, en el juicio por la financiación del PP, la rama empresarial de la familia admitió sus aportaciones económicas al partido donde hizo carrera Juan Cotino hasta que se retiró, según dijo para dedicarse al campo, precisamente en esa finca agrícola que ayer visitaron los investigadores.