La nueva Imelsa lleva cuatro meses sin cubrir la vacante de auditor interno

El consejo de administración de Divalterra, la empresa heredera de la vieja Imelsa, no ha sido informada de la salida de la firma de la Diputación provincial del que era el auditor interno de la misma, Alejandro Muñoz. Fuentes del consejo de administración confirmaron este miércoles que Muñoz, que asumió la pasada legislatura esta figura encargada de vigilar de una forma independiente el día a día de la gestión de la empresa, abandonó su puesto el pasado mes de noviembre. Sin embargo, ningún responsable de la firma que preside Jorge Rodríguez ha informado al consejo de administración de esa decisión. Ni mucho menos ha cubierto formalmente esa vacante.

La ausencia de un auditor interno, en plena polémica por los nombramientos de responsables de área con contratos de alta dirección, no es baladí. Muñoz, en concreto, fue pieza fundamental a través de sus informes a la hora de destapar algunas de las irregularidades en la gestión de la nueva Imelsa durante la etapa como cogerente de Víctor Sahuquillo. Decisiones y contratos que fueron auditados y convenientemente retratados por este funcionario -ganó su plaza por concurso- y que terminaron provocando el cese del exdirigente socialista como cogerente.

Las fuentes de la empresa de la Diputación consultadas por este diario explicaron que, tras el caso de Sahuquillo, el auditor interno de Divalterra comenzó a recibir presiones y acabó dejando su puesto de trabajo el pasado mes de noviembre, tras solicitar una excedencia.

El puesto de auditor interno depende del consejo de administración de Divalterra. Así figura en el organigrama de la empresa. Pese a ello, el entorno del presidente de la Diputación explicó ayer que una funcionaria de la Intervención se ha hecho cargo «del tema de las auditorías». Su nombramiento se habría producido, igual que el de Jorge Cuerda como secretario del consejo, apenas una semana después de la salida de Sahuquillo como cogerente de Divalterra -tras una etapa que tuvo como colofón los famosos tickets de bebidas alcohólicas cargadas a la empresa pública-. De modo que esta funcionaria convivió durante prácticamente diez meses con el auditor interno -que seguía prestando esa labor-.

¿Disponer de un auditor que no estuviera en situación de provisionalidad habría conducido a evitar polémicas como la de los contratos de alta dirección? La labor de esta figura se demostró clave en su labor de control de la gestión durante la polémica que estalló a finales de 2016. Algunas fuentes consideran que, con un titular al frente de este organismo, las posibilidades de que el consejo terminara dando luz verde a unos contratos de alta dirección -gracias al informe del letrado de Presidencia, Jorge Cuerda- y a pesar de la existencia de otros informes que advertían de la irregularidad de la decisión, se habrían visto reducidas.

Tal y como informó ayer este diario, uno de esos nombramientos con contratos de alta dirección, el de Lucas Ferrando como director del área de proyectos de regeneración de zonas verdes urbanas, ya ha presentado su renuncia al cargo. La decisión, que trascendió durante la jornada de ayer, se produjo en realidad el pasado 23 de febrero, es decir, escasos cuatro días después de que el consejo de administración de Divalterra aprobara formalmente el nombramiento.

La salida de Ferrando, que ayer explicó a este diario que adoptó la decisión por motivos personales, deja en el aire uno de los dos polémicos nombramientos. Pese a que su nombre comenzó a sonar a mediados del pasado mes de diciembre, y aunque el contrato de alta dirección que se le concedió -con un sueldo de 55.762,74 euros- se ha visto envuelto en la polémica por la discrepancia de los informes jurídicos existentes, Rodríguez apenas ha logrado mantener en el puesto al ahora secretario general del PSPV de la Hoya de Buñol.