La nueva Imelsa tarda casi seis meses en pagar a sus proveedores

141,74 días en abril. 168,45 días en mayo... y subiendo. Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, tarda casi seis meses en atender sus deudas con proveedores. El dato, que en el ámbito privado provocaría el despido fulminante de los responsables, sitúa a la firma pública de la Diputación de Valencia en una situación límite. El origen de estas cifras no es otro que el retraso en el pago de dos facturas pendientes –de 40.000 y casi 27.000 euros– correspondientes al convenio de colaboración suscrito en 2016 con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) con el objeto de poner en marcha Cical, la polémica fundación impulsada por el exnúmero tres del PSPV José Manuel Orengo.

Los datos de Divalterra contrastan con los de la propia corporación provincial, que después de meses superando el límite de 60 días fijado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se sitúa ahora en los 37,31 días, apenas siete por encima del límite que marca la misma norma para considerar morosa a una administración pública –cuando se superan los 30–.

Divalterra los supera a lo grande. 168,45 días suponen más de cinco meses y medio en pagar a sus proveedores. Desde la corporación provincial se atribuye el dato a las facturas de Cical, cuyo convenio investiga incluso la Agencia Antifraude.

Una denuncia sobre el convenio suscrito entre la firma de la corporación provincial y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para la puesta en marcha de Cical, la entidad impulsada por el exnúmero tres del PSPV y exasesor de Ximo Puig, José Manuel Orengo, es la que provocó esa investigación.

Divalterra retiene desde hace más de un año y medio sendas facturas de 40.000 y 26.958,43 euros correspondientes al convenio suscrito en mayo de 2016 con la entidad que preside Rubén Alfaro. Cical acabó en fracaso después de que Orengo tratara de implicar a Generalitat, diputaciones, universidades y ayuntamientos en una iniciativa que pretendía convertirse en teórico «faro de conocimiento riguroso» para los ayuntamientos aunque, eso sí, con la única aportación financiera de las administraciones públicas.

La propuesta de liquidación correspondiente al convenio entre Divalterra y la Federación de Municipios señalaba que de los 106.000 euros de gastos, 86.719,43 correspondían a personal; otros 9.600 se atribuyen a gastos generales y únicamente 10.639 a «gasto del proyecto». En su investigación, Antifraude quiere conocer los trabajos realizados para la puesta en marcha de Cical así como las facturas que sustentan los pagos efectuados. De hecho, las dudas respecto a los trabajos realizados en ese convenio es la que provocó en su día las discrepancias entre Divalterra y la Federación de Municipios respecto a cuáles eran las cantidades pendientes de pago por parte de la empresa.

Desde la corporación provincial se admitió ayer la situación de «bloqueo» en la que se encuentran estas facturas, para cuyo abono sería necesario un acuerdo del consejo de administración de la firma pública. Acuerdo que no se ha adoptado hasta la fecha y que se encuentra, como otras muchas decisiones de esta firma, pendientes de la evolución del proceso judicial que afecta al expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y a cinco de sus más estrechos colaboradores, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación en los contratos de alta dirección de la citada empresa.

La Diputación tropieza, además, con el hecho de que la Federación de Municipios no reclama de forma activa esos pagos. Al no abrirse un proceso judicial, la empresa de la Diputación tampoco puede consignar a través de los tribunales la cantidad adeudad, con el objeto de que no le compute como números rojos en sus cuentas.