Nueve empresas de la Generalitat incumplen la ley por carecer de auditor

Desde hace más de un año, altos cargos del Consell llevan encendido el piloto rojo de alarma frente a la actividad de las empresas públicas de la Generalitat. Una parte del Gobierno valenciano observa con preocupación cierto descontrol en el día a día del sector instrumental. El último informe de actuación ordinaria de la Inspección General de Servicios (IGS) de la Generalitat les da la razón. El 60% de las empresas públicas que, por ley, tienen la obligación de contar con auditor carecen de esta figura de control exigida por una norma autonómica vigente desde hace la friolera de cuatro años exactos. De las 15 entidades que tienen la obligación de disponer de auditor, sólo en media docena se ha designado este fiscalizador, y en la mitad de los casos, el control interno se inició durante el año pasado o en el presente ejercicio. En otras nueve, no se ha nombrado auditor, según la evaluación del grado de implantación de las auditorías internas en las entidades del sector público instrumental de la Generalitat que ha realizado la IGS. El objetivo era conocer el grado de implantación de los controles internos y comprobar si los auditores cumplen con las funciones asignadas legalmente, así como disponer de datos reales y comparativos sobre su actividad y métodos de trabajo «con vista a que sea reforzado su papel como órgano de control interno», según el informe.

Entre las conclusiones de la IGS se indica que, en relación a las leyes que tienen que ver con las entidades de la Generalitat, hay decenas de ellas que están sometidas a la normativa que entró en vigor en mayo de 2013, mientras que el resto se manejan con la ley de 2015. «Se considera conveniente revisar la normativa para establecer la obligatoriedad del auditor interno como una norma que afecte a todas las entidades que cumplen los mismos requisitos, con independencia de la fecha de creación de la entidad o de lo que se establezca en su normativa específica», alerta esta subdirección, vinculada a la Conselleria de Transparencia.

«Se habrían de valorar también otros aspectos tales como reforzar el control interno en entidades del sector público que no están sujetas a esa obligación, como las fundaciones públicas de la Generalitat, o bien ampliar las variables para exigir que se cuente con un auditor, como sería el importe neto de la cifra de negocios, los riesgos por actividad de la entidad o la identificación de riesgos que se desprenden de los informe de auditoría pública», alerta también la IGS, que realiza el sangrante recuento de entidades que disponen de fiscalización interna, y el resultado es que no se cumple la ley.

En fecha de emisión del informe (el pasado 29 de enero) de las 15 entidades que deberían cumplir con la legislación que les obliga a disponer de auditor en su plantilla, «se han designado seis»: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Institut Valencià de Finances, Institut Valencià de Cultura, Agencia Valenciana de la Innovación, Valenciana d'Aprofitament Energétic de Residus y Turismo Comunitat Valenciana.

De las nueve entidades que no han nombrado auditor interno, en cuatro de ellas ni siquiera se ha creado el puesto. En la entidad de saneamiento de aguas, el IVAM, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, así como en Ciegsa, esta última en liquidación. «En la fase de elaboración del informe, Cacsa ha informado de que ha solicitado la creación del puesto, si bien algunas funciones del auditor interno han sido asignadas al Area de Planificación y Calidad», precisan los inspectores de la Generalitat, que señalan que en cinco entidades, «a pesar de incluir el puesto, no lo han nombrado: Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, l'Institut Valencià de Compettiitat Empresarial, la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, Unipersonal i l'Institut d'Atenció Social-Sanitària».

«Se considera necesario que sean adoptadas medidas para agilizar» la «creación» y «cobertura de los puestos de auditor interno», insta la IGS, que reclama que la auditoría debe colaborar con aquellos departamentos que hayan de aplicar medidas correctoras, «así como con los propios órganos directivos de Hacienda con competencias en el sector público con el objetivo de reforzar el control interno de las entidades». El informe finaliza señalando a la Conselleria de Hacienda, a la que le indica que «resultaría conveniente» que el departamento, que durante toda la legislatura ha mantenido una relación tirante con Transparencia, «efectúe periódicamente, con carácter trimestral por ejemplo, reuniones de seguimiento del grado de cumplimiento de los informes de la auditoría de la IGS y de la Sindicatura, tal y como se recoge en la memoria de actuaciones de esta conselleria en las leyes anuales de presupuestos de la Generalitat en los ejercicios 2018 y 2019». Una recomendación que en realidad es una reconvención, pues se recuerda que debe hacerse algo que, en teoría, se está haciendo o se debería estar haciendo ya.