El nuevo Consell amenaza la continuidad de la Agencia Antifraude

El ente en la Comunitat podría seguir los pasos del organismo homólogo en Baleares, donde populares y voxistas negocian también un acuerdo de gobierno para el cual ya se indica que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las islas es «prescindible».

El acuerdo firmado por populares y voxistas en la Comunitat señala, en el primer punto del apartado de «reducción del gasto político», es el número 24 de la hoja de ruta de medio centenar de iniciativas que los dos partidos se han comprometido a cumplir. En él se indica que «la correcta y eficiente gestión del dinero público será uno de los signos distintivos de este Gobierno. Por ello, se reducirá el número de consellerias, el número de altos cargos y asesores. Se suprimirán los organismos innecesarios que no reportan en el bien general».

Durante la pasada legislatura, los populares valencianos ya señalaron que «la Agencia Antifraude no es el organismo independiente que nos quieren vender». En este sentido, desde el PP se ha señalado en alguna ocasión que las competencias de la Agencia Antifraude y de la Inspección General de Servicios (máximo órgano de control interno en la Generalitat) «están recogidas en sus respectivas leyes, y si se cree que hay una duplicidad es que uno de los dos organismos sobra».

Las críticas del PP al organismo que dirige Llinares han sido repetidas y reiteradas. Incluso desde el Ayuntamiento de Valencia, cuando estaba en manos de Joan Ribó, se desoyó abiertamente algunas de sus recomendaciones, algo que hizo también el propio departamento de Presidencia de la Generalitat, tal y como se recoge en la última memoria presentada por Llinares.

Está previsto que el director general de la agencia visite hoy al todavía presidente de Les Corts, Enric Morera, para entregarle un ejemplar del libro 'Código de Integridad de la Comunitat Valenciana'.

Antifraude depende de Les Corts, con la que también ha mantenido sus diferencias, especialmente por cuestiones logísticas. Llinares comenzó en un espacio minúsculo, concretamente el mismo que el tripartito cedió al popular Mazón para reunirse con el PSPV, Compromís y Vox. Ese lugar era tan insuficiente que la Agencia optó por alquilar un recinto por 10.000 euros al mes.

Antifraude se dirigió hace unos meses a Les Corts con el fin de instarle a realizar las reformas que fuesen necesarias en el inmueble cuyos bajos estaban ocupados por la Casa de los Caramelos, en la esquina de las calles Navellos y Conde Trenor, con el fin de trasladarse a ese edificio y ubicar también allí una biblioteca, una posibilidad de difícil solución porque el interior del edificio precisa de una intensa reforma. Propiedad del parlamento valenciano desde 2010, con la llegada del Botánico pasó a manos de la Generalitat, hace ahora cinco años, lo cual también hace muy complicada la pretensión de la Agencia de implicar a Les Corts para que facilite su traslado.

El futuro de Antifraude es, por tanto, incierto. Su director general, Llinares, la persona promovida por Podemos para poner en marcha la entidad, acaba su mandato. El espacio público que la entidad pretende ocupar no parece en disposición de ser utilizado. Y además, tras las elecciones, el Consell pasará a manos de PP y Vox, que siempre consideraron que este organismo era una entidad que duplicaba competencias de otras entidades de control de la actividad de la Administración valenciana.