Nuevo debate entre los deseos de Puig y la realidad

Desde finales de agosto, la parafernalia discursiva que rodea al presidente de la Generalitat está en modo 'on'. Asesores de todo tipo contribuyen a pincelar el discurso de Ximo Puig, tal y como ocurre todos los años, lo que incluye jornadas de concentración en Morella, como si se tratara de una cita deportiva olímpica. Una buena parte del equipo de Presidencia de la Generalitat pivota desde hace meses alrededor del texto que este martes leerá el jefe del Consell: que si el balance, que si los datos, que si las propuestas... y las citas, que no falten las citas, los retruécanos y demás filigranas retóricas que adornan una declaración de intenciones, promesas de futuro que, en muchos casos, llegan a los oídos de los valencianos con retrogusto al pasado. Porque la reincidencia discursiva existe. Las palabras se las lleva el viento y las promesas sufren de incumplimiento a la mínima que surge un inconveniente, más aún con pandemias y guerras de por medio. No obstante, si las medidas que avanza Puig son calificadas como 'Ximoanuncios', término acuñado por sus propios socios del tripartito, es precisamente por el relativo grado de credibilidad que se les otorga. El tiempo va poniendo cada cosa en su sitio desde que en 2016 el dirigente socialista subiera al estrado de Les Corts en su primer debate como presidente de la Generalitat. Ahora abordará el último antes de las elecciones.

El tripartito llevaba un año en el poder y ya comenzaba a enfrentarse a la dura realidad de la burocracia, algo que sus dirigentes empezaban a reconocer frente a asuntos como, por ejemplo, la puesta en marcha de À Punt. Todo iba a ser mucho menos fácil de lo que inicialmente pensaron. No obstante, el buen ambiente interno en el Consell de coalición (PSPV y Compromís, apoyados desde Les Corts por Podemos) todavía era real. Puig realizó 37 anuncios, entre ellos la reversión de los hospitales de Alzira y Dénia. El hospital de La Ribera volvió al mapa de salud de la Generalitat en 2018, pero el de Dénia está pendiente de llevarse a cabo a día de hoy, seis años después de que Puig verbalizase su deseo de hacerlo. Teóricamente, en enero debería comunicarse a Ribera Salud la intención de recuperar la gestión, algo que no se produciría hasta la siguiente legislatura, por lo que está completamente en el aire si eso ocurrirá o no.

En el estreno de Puig se conoció también la intención de poner en marcha una nueva Ley de Plurilingüismo, que el Consell sacó adelante, si bien tuvo que derogar medio año más tarde de su redacción a causa del periplo judicial que la diluyó. Se citó también la intención de impulsar una ley de lobbies, que finalmente se aprobó en 2018 y que no se ha aplicado hasta el presente año porque Hacienda se resistía a financiar el personal necesario simplemente para implantar el registro que identifica quién integra un grupo de presión. Aún peor futuro ha tenido la Ley del Sector Público Instrumental, que duerme el sueño de los justos en un cajón de la Conselleria de Hacienda. El dirigente socialista debía tener una bola de cristal electoral que le garantizó que repetiría al frente del Consell, porque fue entonces cuando auguró que el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba cedería la colección de 32 pinturas de Joaquín Sorolla, algo que sucederá, o no, puede ser que sí, con motivo de que en 2023 acontecerá el centenario de su fallecimiento. Una pena que la bola de cristal de Puig no le avisase de la pandemia. El bono cultural, para que la asistencia a cines y teatros se pudiera desgravar, fue otro de los asuntos que se ha quedado a medio camino y tuvo una escasa implantación y el PSPV recuperó la promesa la pasada campaña electoral.

El debate que arranca un 13 de septiembre lo hace con un Consell en el que la relación entre PSPV y Compromís comienza a registrar algunas aristas donde los socios se raspan. Después del huracán anunciador del año anterior, Puig limita su galería de 'ximoanuncios' a 21. No obstante, uno de ellos es definitorio del tripartito: el Plan Edificant. Un asesor de Presidencia entró aquel día en las garitas mientras el presidente Puig desvelaba el proyecto de construcción de colegios asegurando que se trataba de «la mayor inversión pública de la historia en Educación en la Comunitat». La grandilocuencia, que nunca falte en política. Lo cierto es que se trata de la Opción B que puso en marcha Marzà, entonces conseller de Educación, al comprobar que acabar con los barracones en la Comunitat no era tan fácil como criticar su existencia cuando gobernaba el PP. El conseller nacionalista había tropezado con un embudo en la tramitación, así que la derivó a los ayuntamientos a través del plan Edificant para construir más de 200 colegios y reformar más de 500, una inversión de 700 millones a lo largo de esa legislatura o, como mucho, hasta 2022... precisamente, este año, si bien luego se fue ampliando en cantidad y en tiempo de ejecución hasta 2029 y con más del doble del presupuesto inicial... si es que los próximos en llegar al Palau de la Generalitat así lo consideran oportuno.

La relación entre Puig y Oltra, líderes del PSPV y Compromís, ya se había deteriorado a esas alturas de su primera legislatura, mientras que en Podemos habían iniciado un proceso cainita que dinamitó el liderazgo de Montiel, sustituido por Estañ. Fue este último, precisamente, quien bautizó la tendencia de Puig a prometer sin freno mediante los 'Ximoanuncios', nomenclatura que ha calado entre los socios del PSPV y la oposición. Para hacer gala de ello, en ese debate de política general, Puig se despachó con 35 propósitos que, en realidad, en muchos casos eran proyectos condicionados a continuar como líder del Consell después de elecciones. Si la coalición llegó un punto tocada a esas alturas de 2018 era, entre otras cosas, porque el presidente de la Generalitat ya barruntaba lo que posteriormente ocurrió: un adelanto electoral que determinó la actual desconfianza entre los socios del tripartito. Puig anunció que retomaría las obras de la línea 10 de metro -que funciona desde 2021-, la aprobación de los pliegos para la ampliación norte del puerto de Valencia, lo que tiene a PSPV y Compromís enfrentados, así como un plan para reducir las listas de espera en Sanidad, una intención tan loable como manifiestamente inalcanzable para un Consell que no logró buenos ratios antes de la pandemia y que mantiene deslavazada la atención primaria, con unas listas de espera desesperantes.

La legislatura iniciada en mayo de 2019 iba a ser la del renacimiento, centrada en lo económico. Sin embargo, en marzo de 2020 la pandemia atropelló todos los planes previos. El debate se celebró un 21 de septiembre y parecía que lo peor había acabado. Un par de meses más tarde incluso se pretendió relajar las medidas sanitarias para «salvar la Navidad», lo que provocó un durísimo enfrentamiento entre Compromís y PSPV. En septiembre, Puig se sentía reforzado porque la Comunitat había pasado el trago relativamente bien, y la figura presidencial había alcanzado un gran protagonismo. Muchas de las medidas anunciadas entonces se vieron muy condicionadas por el modo en que el coronavirus resistió y contraatacó a través de sucesivas oleadas. Es el caso de la reforma de la arquitectura institucional de la sanidad valenciana. Por lo que se refiere a la Estrategia Valenciana para la Recuperación, es una hoja de ruta planteada hasta 2027 con muchos condicionantes e incógnitas por despejar. Alguno de los anuncios, no obstante, se demostraron ineficientes, como las ayudas para los autónomos. Los 57 millones anunciados sólo cubrieron las peticiones de uno de cada tres trabajadores de las que las solicitaron, por falta de fondos. Lo mismo sucedió con otra de las medidas estrella para la atención primaria. El presidente anunció la dotación de un pack tecnológico para que médicos y enfermeros atendieran por videoconferencia, pero el 86% del colectivo denunció no haber recibido nunca la equipación.

El reciclado de anuncios funcionó el año pasado a toda velocidad. Entre esas propuestas ya escuchadas, la de la gestión de los Cercanías, que se iba a pedir al Gobierno y respecto a la cual no se ha obtenido respuesta por parte del Ejecutivo central. Ni siquiera se sabe cuánto costaría. En cualquier caso, muchos de los anuncios, como el vinculado a la regeneración de la Albufera, el plan de vivienda o todo lo relacionado con la implantación de una planta de baterías eléctricas (algo independiente de la gigafactoria de Volkswagen que posteriomente se conoció), dependía y siguen haciéndolo de los fondos de reconstrucción del Gobierno provenientes de la UE y que aún, a día de hoy, están por concretar. Otros, como el plan de Salud Mental, están todavía por implementarse.

Paradójicamente, 2020 no fue el peor año de la legislatura para Puig. El verdaderamente malo ha sido el actual. Ha estallado una guerra. Toda la hoja de ruta y el crédito ganado por el dirigente socialista, ha sufrido una brutal erosión. Tiempos de enormes contrastes. Volvió el tripartito de la pandemia con la rumorología disparada sobre la posibilidad de un adelanto electoral. El PSPV se sentía con todas las cartas en la mano. El presidente de la Generalitat abordó el anterior debate de política general con Podemos a su lado y Oltra en horas bajas. Tanto, que se acababa de ratificar la culpabilidad de su exmarido. El PP cargó contra Puig y la líder de Compromís con dureza. Y así, todo lo que le podía salir mal al Consell, ha salido mal. Con una inflación disparada, ahora es Gabriela Bravo la que aparece en el punto de mira de la oposición por su gestión de los incendios de este verano. Puig está obligado a apagar fuegos con su discurso del próximo martes y, de momento, ayer, buscó la complicidad de sus socios. Se reunió con los vicepresidentes de Compromís (Aitana Mas) y Podemos (Héctor Illueca), algo que otros años no había hecho y que sus socios demandaban.