Rus, de nuevo investigado por la financiación ilegal del Olímpic

Alfonso Rus vuelve a estar investigado por la supuesta financiación ilegal del Olímpic de Xàtiva. La causa se seguía en el juzgado de Instrucción 9 de Valencia, órgano diferente al que instruye toda la macrocausa de Imelsa, porque la denuncia partió de la propia Diputación de Valencia en un intento de Rus por acallar las voces críticas que arreciaban ante la desaparición de Marcos Benavent.

Las pesquisas dieron un giro de 180 grados cuando el exgerente de Imelsa declaró que el dinero supuestamente malversado (59.000 euros) a través de un contrato con Imelsa tenía como objetivo la financiación del club de La Costera. No obstante, el juez archivó la causa contra el exdirigente del PP y procesó al colaborador de la Fiscalía y al empresario que participó en la trama. De inmediato, Anticorrupción se quedó la causa -hasta ese momento era de la sección de Delitos Económicos- y pidió la nulidad del citado auto y se enviara la causa al juzgado que ya tramita la macrooperación, conocida como el caso Imelsa. Ahora, hace menos de una semana, el juez ha estimado el recurso del fiscal y acepta deshacerse de esta causa y enviarla a Instrucción 18.

Este órgano ya tiene abiertas diligencias en las que se reúnen más indicios incriminatorios contra el expresidente de la Diputación de Valencia. Por ejemplo, recoge otras circunstancias que avalarían la tesis de la acusación, como el caso de Miguel Ángel Mullor, uno de los futbolistas del club que, sin embargo, cobraba un sueldo de la empresa Imelsa pese a que no tenía ninguna ocupación en la firma. La relación entre la empresa pública era tan estrecha como inexplicable. El juez justifica la inhibición porque «ya existe un procedimiento penal más extenso y complejo como es el denominado caso Taula». Además, añade que, aparte de los delitos de estafa y falsedad documental, en la otra causa se rastrea también una posible malversación, delito castigado con mayor pena.

El informe del fiscal aportaba también otras sospechosas incidencias. Recordaba, por ejemplo, cómo la Guardia Civil se encontró que toda la documentación del club en el periodo que fue presidido por Rus había desaparecido. Otros investigados en la pieza, relacionados con el equipo, no supieron explicar por qué no existía soporte documental de esa etapa. Anticorrupción también subrayaba que el hecho de que fueran 30.000 euros la cantidad reclamada por Rus tampoco era algo casual. El fiscal considera que la trama operaba habitualmente con esas cifras «en el saqueo del dinero público».

La macrocausa de Imelsa avanza con cierta parsimonia. Hasta la fecha el juez no ha cerrado ninguna de las investigaciones abiertas. Algunos procedimientos como el de los zombies de Imelsa –personas que acudían a trabajar sin desempeñar ninguna función– se encuentran muy avanzados, con la causa prácticamente finiquitada, pero todavía permanecen abiertos. Algo similar ocurre con el amaño del call center de la Diputación de Valencia, operación en la que el exsuegro de Marcos Benavent presuntamente recibió cerca de 200.000 euros en comisiones. En idéntica tesitura se encuentra el sumario de los exconcejales y exasesores del PP de Valencia, imputados por el supuesto blanqueo de 50.000 euros para la campaña electoral de los populares en 2015.

Alfonso Rus figura como imputado más relevante en los zombies de Imelsa y en el call center al margen de otros asuntos como el cobro de comisiones en colegios y el posible blanqueo de capitales. En todas sus comparecencias desde que el dirigente fuera detenido ha negado las acusaciones.