Nuevo problema judicial para el expresidente Camps

El expresidente Francisco Camps suma un nuevo problema judicial a su ya dilatado curriculum en los juzgados de la Comunitat. Ahora, de nuevo un asunto derivado de la organización de la Fórmula 1 cuestiona su actuación al frente de la Generalitat. El juzgado de Instrucción número 17 le citó ayer como investigado por las obras del circuito de la F-1. Compareció pasadas las 13 horas y no salió hasta las 18.30, aunque su declaración apenas duró 90 minutos. «Estoy tranquilo», insistió a los periodistas.

La causa se encuentra abierta por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Los hechos estarían al borde de la prescripción al ser actuaciones supuestamente cometidas en 2007. La operación policial ha sido desarrollada por el Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Valencia.

El asunto parte de unas diligencias de investigación penal de la Fiscalía. El pasado mes de mayo, el ministerio público solicitó documentación a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. La solicitud estaba relacionada con obras de acondicionamiento del circuito de la Fórmula 1. En concreto, con el entonces Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP) para la contratación de la asistencia técnica y del apoyo a la dirección de obra relativas a la conexión de la Alameda-Avenida de Francia-Puerto y Acondicionamiento de la Marina Real. El mismo requerimiento incluía los viajes que realizaron a Dubai y Bahrein el exconseller Mario Flores y su secretario autonómico Victoriano Sánchez. Este último compareció ayer en el juzgado y pese a que la causa está declarada secreta -sólo el fiscal Anticorrupción y la juez conocen los detalles de la investigación- declaró cerca de cuatro horas. Su domicilio, según fuentes del caso, fue uno de los registros que se practicó el pasado lunes por los agentes de la Guardia Civil. Fue una de las tres entradas que se efectuaron ese mismo día. Las mismas fuentes añadieron que se produjeron el mismo número de detenciones. Todos los arrestados fueron puestos en libertad sin que llegaran a pasar a disposición judicial.

El exconseller, sorprendido

Mario Flores es otro de los investigados en el asunto de Instrucción 17. Recibió la citación hace unos días y ayer esperaba su turno, fijado, en principio, a las 19 horas. El exconseller de Infraestructuras desconocía el motivo de su comparecencia. La única información se la proporcionaban las ediciones digitales de los periódicos, según lamentó. La mayor parte de su trayectoria empresarial la ha desarrollado en la Autoridad Portuaria de Alicante. Camps lo 'fichó' para su Consell en 2007.

La operación de los especialistas de la Guardia Civil cuenta con una decena de investigados. A los anteriores responsables políticos se suman empleados de dos ingenierías. Estas firmas lograron adjudicaciones de varios millones de euros. Las fuentes consultadas no concretan el número de trabajadores afectados en las sociedades. Pero unos seis profesionales se han visto salpicados por la investigación judicial. Los agentes de la Guardia Civil realizaron un registro el pasado lunes en las dependencias de una de las mercantiles. Las dos empresas colaboraron en el diseño del circuito que gestó el especialista alemán Hermann Tilke, el preferido por Bernie Ecclestone para aquellos nuevos trazados de la F1.

Otra de las personas clave en todo este asunto es Belén Reyero. La que fuera directiva de Proyectos Temáticos, una de las sociedades clave en todo el entramado que dio apoyo a la empresa Valmor en la organización de la Fórmula 1, también se ha visto salpicada ahora por esta investigación judicial. Reyero ya fue imputada en el otro juzgado que examina la organización de los Grandes Premios por su papel de nexo entre la Administración y la empresa de Jorge Martínez 'Aspar'. Anticorrupción sospecha de ella por su «especial relación, de máxima confianza de Francisco Camps» con la mercantil Valmor. Destaca la acusación que se trata de aspectos alejados por completo de su función. ¿En qué medida tenía que colaborar con una empresa privada una trabajadora que cobra un sueldo público? Existen varios correos en esa causa que desvelan un interés especial de la asesora a favor de la mercantil de Valmor.

Hasta la fecha, la causa más importante de la Fórmula 1 se dividía en tres piezas. Por un lado, se investiga la organización de todo el evento automovilístico. Por ejemplo, por qué se dio este privilegio a la empresa de Aspar y cómo la Generalitat supuestamente negoció a favor de una mercantil privada. De igual modo, se analiza el posterior apoyo que la Administración dio a la organización. Fue el Consell quien corrió con los gastos anuales del circuito y el pago del canon a Bernie Ecclestone, alrededor de unos 20 millones de euros anuales. Por último, la operación sobre la que menos se ha trabajado hasta la fecha es la compra de Valmor por parte de la Generalitat que, en aquellos momentos, ya estaba en manos de Alberto Fabra.

La nueva imputación de Camps generó ayer toda una avalancha de reacciones políticas. La presión sobre él para que renuncie a su puesto en el Consell Jurídic Consultiu se incrementó una jornada más. Llama la atención la diferencia en la respuesta por parte de la diputada popular Eva Ortiz - «no tiene nada que ver institucional y orgánicamente con el PP»- frente a la defensa del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que se mostró convencido de que la actuación de Camps es correcta y ha sido auditada por los diferentes órganos de control.

Los grupos parlamentarios del PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos (Cs), en cambio, reclamaron de nuevo al expresidente de la Generalitat Francisco Camps que abandone su cargo en el CJC. El portavoz socialista Manolo Mata declaró que «ni tres ni 33 imputaciones» harán que cambien su opinión de que Camps «tiene que abandonar el CJC» porque «no sólo está imputado, sino que «todos sus colaboradores se están confesando como delincuentes» y fue él quien los eligió.

Los problemas judiciales de Camps podrían agravarse en las próximas semanas. Anticorrupción adelantó en su momento que esperaría al final del juicio de Gürtel en la Audiencia Nacional para ver si abre una causa contra Camps por malversación de caudales por favorecer a determinados empresarios de la Comunitat a cambio de pagar actos electorales del PP.