El número dos de Antifraude impulsa una denuncia que incluye su caso personal

La dirección de Análisis e Investigación de la Agencia Antifraude, que encabeza desde mayo de este año Gustavo Segura, firmó el 'informe de veracidad' de una denuncia sobre las comisiones de servicio concedidas a funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional y la provisión de los puestos de interventor y tesorero de la Diputación de Valencia. Un informe en el que aparece el caso del propio Segura, solicitante en su día de una comisión de servicios que no le fue concedida para ocupar la plaza que dejaba uno de los casos ahora denunciados.

El informe provisional del departamento de Análisis e Investigación, con fecha del pasado 27 de noviembre, menciona entre la documentación aportada una solicitud que el propio Segura presentó en 2016 desde su plaza de interventor en Lliria. Se trata de un escrito dirigido al Ayuntamiento de Paterna en el que se solicita que se le conceda comisión de servicios para ocupar la plaza de Intervención en ese otro consistorio, después de que su titular, Beatriz Moreno, hubiera solicitado otra comisión de servicios para ocupar plaza de tesorera en la Diputación de Valencia.

El escrito de Segura tiene fecha de 23 de marzo de 2016. El 6 de abril del mismo año, el consistorio de Paterna contesta de forma negativa a la solicitud, y explica que el puesto de Moreno lo ocuparía un funcionario de carrera de la corporación, dado que al tratarse de un periodo de seis meses, conceder esa comisión de servicios afectaría al funcionamiento de los dos consistorios.

Lo cierto es que el informe provisional de Análisis e Investigación constata que ese periodo de seis meses de comisión de servicios para Moreno por parte de Paterna –la razón que se alegó desde ese consistorio para no conceder a Segura la comisión de servicios que reclamaba- se ha venido prorrogando en el tiempo. Y eso acaba siendo el tema de fondo de la investigación. De hecho, el informe hace referencia a que la posibilidad de esta sucesión de prórrogas no está contemplada en la ley de la Función Pública. Por ese motivo, se reclama a la dirección general de la Administración Local que informe e lo ocurrido. Este periódico contactó ayer con Antifraude para que explicara esa condición poco menos que de juez y parte del director de Análisis en este asunto. La entidad alegó que Segura no firma ese informe –aunque sí es quien lo remite a la Diputación– y que esta investigación afecta solo a la corporación– aunque en el documento también figuran como «denunciados» los ayuntamientos de Sueca y Paterna y la dirección de Administración Local– por lo que la negativa de Paterna a la comisión de servicios solicitada por el ahora director de Análisis no está vinculado con el caso. «No es parte implicada», se zanjó.

El director de Antifraude, Joan Llinares, ha aprobado este mismo mes un informe sobre los conflictos de interés: «su desconocimiento, la antesala de la corrupción», se titula.