El número dos del IVAM se enfrenta a ocho años de cárcel por la trama de Císcar

La Generalitat no sólo acusará a Consuelo Císcar -le pide diez años de cárcel- por la trama en el IVAM para promocionar la carrera de su hijo. La Abogacía también pretende sentar en el banquillo a algunos de sus colaboradores, como el número dos del museo, Juan Carlos Lledó, a quien le reclama ocho años de cárcel por su participación en la malversación y el cohecho. Otro de los procesados es el proveedor del museo Enrique Bienvenido. El empresario supuestamente regaló el traslado de obras al hijo de Císcar. Por último, destaca la colaboradora personal de la directora del museo, Pilar Mundina. Estos dos últimos se enfrentarían a cuatro años de prisión por estos hechos. Císcar está acusada de los delitos de malversación, cohecho y tráfico de influencias. La Generalitat reclama el pago de más de un millón de responsabilidad civil para todos los procesados.

La ristra de presuntas irregularidades de la gestión de la directora es amplísima. Destacan los viajes que supuestamente Consuelo Císcar cargó al IVAM, en alguno de ellos viajó incluso con su marido Rafael Blasco, sin que conste ningún motivo de trabajo para ese desplazamiento. Son todos viajes al extranjero y no precisamente económicos. Rablaci, según consta en la investigación y siempre por orden de su madre, se benefició de los trabajos de personal del museo en la elaboración y traducción de textos para sus exposiciones, fotografías, organización de los eventos culturales e incluso en el transporte de obras para el artista bajo sospecha.

La jueza y las acusaciones, con el respaldo de la Audiencia de Valencia, llegaron a la conclusión, siempre de manera indiciaria, del uso partidista que Císcar hizo del museo para beneficiar a su hijo, exculpado en este procedimiento al asumir su madre la responsabilidad penal de todas sus acciones. La defensa de la exdirectora del IVAM ha tratado en las últimas semanas de anular la parte final del procedimiento con la presentación de un incidente de nulidad de actuaciones al entender que la jueza que cerró el caso lo hizo cuando ya había terminado su periodo al frente del órgano. El juzgado ha rechazado el escrito.