La crisis de Marlaska con la Guardia Civil crece tras la salida de Santafé

Lejos de amainar, la tormenta que desató la destitución del número uno de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, lleva camino de convertirse en la mayor crisis de la institución en la democracia. La cúpula de la Benemérita ha quedado desmantelada con la salida ayer del número tres del Cuerpo, el valenciano Fernando Santafé, teniente general y jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, horas después de que presentara su dimisión el director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña, al negarse a rubricar el cese del coronel.

En el foco del conflicto está el informe que expertos de la Comandancia de Madrid, a instancias de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, remitieron al juzgado de instrucción número 51 de Madrid que investiga la denuncia de un particular por presunta prevaricación del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, al autorizar la celebración de actos multitudinarios, como la manifestación del 8-M, cuando ya existía un «profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios».

Al filtrarse la existencia de este informe crítico con la gestión del Gobierno de la pandemia, sobre el que la jueza exigió absoluta reserva a los agentes, se sucedieron los movimientos del ministerio para conocer el alcance del mismo. Según publicó ayer 'ABC', hasta tres mandos llamaron en la tarde del domingo a Pérez de los Cobos para obtener información. Fueron el general José Antonio Berrocal, jefe de zona de Madrid, el teniente general Santafé y la directora general de la Benemérita, María Gámez, quien, según la misma publicación, tras la negativa del coronel a facilitar información al desconocer el contenido de los informes le comunicó que estaba destituido.

Al malestar que produjo en los cuarteles el cese fulmiante de Pérez de los Cobos y la consecuente dimisión de Ceña se sumó la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de nombrar como sustituto del DAO al general Pablo Salas, número siete en el escalafón del instituto armado y no a su sucesor 'natural', el número tres, el teniente general Santafé. De ahí que en el mismo Consejo de Ministros en el que se nombró al jefe de Información nuevo número 2 de la Guardia Civil se acordara también su ascenso a teniente general.

Este salto en el escalafón natural de la institución tampoco hacía justicia con el máximo perjudicado, el hasta ayer jefe del Mando de Operaciones, Fernando Santafé, que era quien por rango estaba llamado a suceder a Ceña, que tenía previsto colgar el uniforme el 2 de junio. Pero el ministro Marlaska no contaba con él en su «remodelación» de equipos. Esta decisión no agradó al teniente general, quien la rechazó «poniendo las cabras en el corral», según fuentes militares.

Santafé será propuesto para ocupar un nuevo destino en la Dirección del Centro Universitario de la Guardia Civil. «Mientras se produce este nombramiento el teniente general estará encuadrado administrativamente en el ministerio, en una plaza acorde a su categoría», señaló Interior en un comunicado. Según indicaron, el cambio de destino de Santafé «se ha precipitado» aunque estaba previsto.

Su puesto, tal como informó el ministerio, lo asumirá el general de División Félix Blázquez. Era hasta ahora Autoridad Nacional de Coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes.

Las reacciones políticas a este nuevo seísmo en el instituto armado no tardaron en llegar. PP, Vox y Ciudadanos acusaron a Marlaska de llevar a cabo una «purga» con «ceses» en la Guardia Civil y calificaron de «escándalo» el último relevo.

El Gobierno teme, y mucho, que la causa abierta sobre la autorización de actos y manifestaciones en plena propagación del coronavirus acabe salpicando su relato sobre la gestión de la crisis sanitaria. No sólo preocupa por el futuro procesal del delegado del Gobierno en Madrid, sino que el avance de la investigación podría ensombrecer una de las grandes bazas ideológicas de la coalición gubernamental: la defensa del feminismo representada en la calle por las masivas manifestaciones del 8 de marzo, Día de la Mujer, en ciudades de todo el país. De ahí que la Abogacía del Estado haya lanzado una ofensiva a la búsqueda de erratas en el informe de la Guardia Civil para salvar al Gobierno.

Los letrados del Estado «discrepan profundamente» con este informe, al que ha tenido acceso este periódico, y considera que sus conclusiones son «erróneas». Mientras que la policía judicial sostiene que «a partir del 5 de marzo no se deberían haber celebrado manifestaciones en Madrid» y utiliza como argumento que «el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el actual brote de Covid-19 como pandemia», la Abogacía rectifica a los agentes y señala que dicho aviso se produjo realmente el 11 de marzo.

Los agentes también utilizan un informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades emitido el 2 de marzo, pero la Abogacía tacha la forma en la que este viene recogido de «exposición reduccionista e incompleta».

No es el primer paso dado por la Abogacía. En un recurso de apelación presentado a finales de abril, los letrados del Estado cargaron con dureza contra la jueza Rodríguez-Medel. El escrito pide el archivo de la causa y acusa a la magistrada de abrir una «causa general» y «prospectiva» contra la gestión de la crisis sanitaria, que además vulnera la normativa de aplicación del estado de alarma por impulsar una investigación sin urgencia alguna. Los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia arremeten contra la jueza «por su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados». Y critica que solicite a la Policía Judicial que recabe información no solamente sobre la actuación del delegado, «sino de cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general», denuncia. La defensa jurídica del Estado, ejercida por la misma abogada del juicio del 'procés', Rosa Seoane, destaca además el «carácter prospectivo de la investigación». Por este motivo, concluye, se ha generado una flagrante indefensión a su patrocinado.