El TSJ ya obligó a FGV a pagar la defensa de otros imputados en el accidente de metro

¿Qué ocurrió en ese lapso? Sin duda, un hecho que no debe pasar desapercibido: el cambio en la Generalitat. El desalojo del PP de buena parte de las instituciones supone la llegada de la dupla PSPV y Compromís, con el apoyo externo de Podemos. Recuerdan los demandantes que en su día se firmó un documento entre la presidenta de la Asociación Víctimas Metro 3 de julio y los candidatos y candidatas a la presidencia de la Generalitat del PSPV, Podemos, Compromís, Ciudadanos, Esquerra Unida y UPD, en el que, entre otros extremos, se acordó: "Que las defensas de los imputados no se paguen con dinero público".

Fue tras el cambio de Gobierno, cuando desde Ferrocarrils parece que cambian de parecer. Ahora les recuerdan a los afectados que la compañía Zurich, con la que tienen un seguro que cubre estos contratiempos para sus empleados, se niega a reintegrar el importe de la defensa de los altos cargos. De hecho, otra sentencia da la razón a la aseguradora y les exime de correr con esos desembolsos. Llama la atención que, según la sentencia, los dos directivos ignoraban la existencia de esa póliza. Sólo tenían el compromiso de la empresa de que se buscaran abogados de confianza y después se les compensaría el desembolso.

También en esta reclamación, al igual que ha sucedido en el juicio de Marisa Gracia donde reclama 22.000 euros por su defensa, Ferrocarrils esgrime que no tiene obligación de abonar los gastos de defensa. Pero tanto el primer fallo como la confirmación posterior del TSJ sostienen lo contrario. menciona. "La cláusula a interpretar es muy clara y establece obligaciones para FGV con sus empleados sin determinar el procedimiento y mucho menos la necesidad u oportunidad de suscribir su aseguramiento".

En el caso de la exgerente, la abogada de la empresa indicó que quedan excluidos los altos cargos, circunstancia que afectaba a la gerente. Precisamente por el amplio margen que atribuye la jurisprudencia a los órganos de instancia en la interpretación de la cláusula de la normativa interna de FGV, el alto tribunal valida la decisión.

Solo "debido probablemente al compromiso político", continúa la sentencia del TSJ, se remite a los directivos a que acudan al seguro para que desde allí le designen una nueva dirección letrada. Todo eso pese a los inconvenientes que supone el cambio de un abogado a mitad de un procedimiento. No se trata tampoco de un asunto corriente sino extraordinario en su volumen y complejidad.