Ocho altos cargos faltan a su cita con Transparencia: no publican ni renta ni bienes

En el informe, al que ha tenido acceso este diario, los datos siguen dejando agujeros en la política de Transparencia de la Generalitat. De los 327 altos cargos y cargos públicos no electos –los actuales y los que han cesado en los últimos tres años– que tienen obligación de rendir cuentas anualmente, ocho se saltaron el año pasado su compromiso con la transparencia, según el documento. Estos cargos directivos no presentaron o presentaron datos inválidos de renta, patrimonio y sociedades el año pasado. Un incumplimiento de la ley que, sin embargo, no ha tenido sanción.

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En el informe de la OCCI que el Consell ya maneja, se detalla el listado de altos cargos y directivos del sector público, tanto en activo como los que ocuparon un puesto desde 2018 –tres años antes de la fecha sujeta a análisis– de los que Transparencia no dispone ni un solo dato. Según el documento, se trata de nueve personas que durante su ejercicio o al término de éste, no habían suministrado a la OCCI ni un solo papel sobre sus bienes, sus actividades, su renta o sus sociedades. Sin embargo, de esos ocho, cinco estaban todavía en plazo a 31 de diciembre de 2021 de aportar los datos por haber sido nombrados en ese año. Los ocho incumplidores aparecen identificados y, todos aún forman parte de la Administración. Es decir, no son personal destituido que ha podido descuidarse con el papeleo. En concreto, se trata del director adjunto del Circuito Ricardo Tormo, Pablo Balanzà; del director general de Medio Ambiente, Julio Gómez; la directora económica del departamento de salud de Torrevieja, María Josefa González; Besmir Vokopola, adjunto a la dirección artística del Palau de Les Arts, y Cristina Reig. En estos cinco casos, están en plazo de poder presentarlas, porque fueron nombrados en 2021. No así el director general de tributos, Rafael Beneyto; el director general de Farmacia, José Manuel Ventura, ni de Francisco Miguel Fenollar, director médico del departamento de salud de Alcoi, que no han aportado información, según el informe de la OCCI de 2021.

De los 94 exaltos cargos que aún tienen obligación de mostrar sus datos fiscales y patrimoniales hasta tres años después de su cese, 90 han cumplido, una no ha presentado nada, otra está a falta de alguno de los informes y dos no lo han hecho pero están aún en plazo.

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La ley 8/2016 y el decreto que la regula establece la obligatoriedad de todos los altos cargos y directivos del sector público a presentar ante la OCCI todos su datos económicos, patrimoniales y de incompatibilidades. De hecho, la norma trajo aparejado un reglamento sancionador para los incumplidores, pero a juzgar por los datos, no se está aplicando con quienes no cumplen. De hecho, según el mismo informe que el Consell tiene previsto aprobar, tan sólo hay en marcha dos procedimientos sancionadores.

La OCCI también regula las incompatibilidades a las que están sujetas durante los tres años posteriores los altos cargos y directivos del sector público. En 2021 se tramitaron 81 resoluciones de las que todas fueron para decretar la compatibilidad. Los gobernantes tienen obligación de seguir informando de las actividades profesionales que realicen durante los tres años posteriores a su salida de la Generalitat para que Transparencia pueda verificar que no incurren en un conflicto de intereses con alguna de las empresas sobre las que han decidido durante el ejercicio de su cargo.