Ocho de cada diez casos que llegan a Antifraude se archivan sin investigarse

La Agencia Antifraude archiva la inmensa mayoría de las denuncias que recibe sin ni siquiera abrir un proceso de investigación como tal, según indica la última memoria del organismo que recopila los datos del pasado año. Pese a que la entidad lleva tres años en marcha, comenzó en 2017 y en ese periodo apenas recibió 35 casos, no ha conseguido ponerse al día. De hecho, todavía arrastra investigaciones aperturadas hace dos años.

En total, la agencia ha recibido 384 asuntos desde diferentes instancias. La mayoría hacen referencia a actividades de Ayuntamientos y Generalitat. El análisis por años muestra que seis de cada diez expedientes recibidos en el último año se encuentran todavía pendientes de analizar. Y de 2018 todavía resta un 10% de asuntos que tratar.

Y estas cifras pese a que como reconoce la propia Agencia, el 86% de los asuntos que se han abordado durante el último año -con independencia de cuándo se presentaran- se archivaron sin mayor proceso de indagación «ya sea por no justificar suficientemente la existencia de indicios de corrupción, ya sea porque la administración o entidad denunciada realizaron las actuaciones que procedían en orden a subsanar las irregularidades producidas tras la realización de un requerimiento formal por parte de la Agencia», aclararon desde el organismo. No obstante, este último supuesto es casi testimonial. Sólo se hizo en ocho ocasiones.

La Agencia, en su memoria, destaca que hasta la fecha ha resuelto el 40% de todos los asuntos que ha recibido. Algo más de 150 casos, en los que, un buen porcentaje, pueden haberse archivado sin proceso de investigación, tal y como ocurre con la estadística elaborada en el ejercicio 2019.

La entidad ha abordado asuntos de interés mediático durante los últimos meses, pero en ocasiones se ve obligada a interrumpir su investigación al descubrir indicios de delito y trasladarlo a la fiscalía o cuando localizan que ya existe un procedimiento judicial abierto por estas sospechas. Así ocurrió, por ejemplo, con el denominado cártel de las productoras, de los empresarios Adell Bover, socios de Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat. Se investiga cómo desde determinadas mercantiles se dedicaban a captar subvenciones para el fomento del valenciano que luego no se justificaban correctamente. Antifraude cifró en medio millón de euros la cantidad bajo sospecha.

Antifraude también ha elaborado durante el último año dos periciales sobre el caso Erial, la investigación abierta a Eduardo Zaplana por el cobro de comisiones por la privatización de las ITV y los parques eólicos. El organismo estuvo cerca de dos años para completar estos informes que se esperaban determinantes para apuntalar las acusaciones de amaño y que no parece que tengan el valor jurídico que se les presuponía, según fuentes judiciales.

La agencia sigue con una de sus principales plazas vacantes. Se trata del director de investigación y análisis. Dos personas han pasado ya por ese puesto, clave en el organigrama. El primero, el abogado de la Generalitat, Miguel Ángel Cervera, el que más asuntos de corrupción lleva en la Administración. Duró seis meses. Le sustituyó el agente de la UCO, Marcial González. Tampoco superó el año.

LAS PROVINCIAS ha tratado en varias ocasiones de contactar con el director de la Agencia para comentar algunos aspectos de la memoria. No ha sido posible. La persona que ejercía las labores de relaciones con los medios también abandonó en su día el organismo.

No es una situación excepcional. Las continuas fugas de personal –17 personas según la información que ha ido publicando LAS PROVINCIAS– han lastrado la consolidación real de la entidad. Llinares lo atribuye a la exigencia de un órgano especializado como es Antifraude, algo que encaja mal «en la cultura funcionarial», según dijo en su día. Los motivos de las salidas son la carga de trabajo, la falta de medios y el ambiente laboral.