El octogenario Alfonso Grau se sienta ahora en el banquillo por la caja B del PP de Valencia

Y lo fue más todavía porque él siempre sostuvo que los congresos del yerno del Rey no fueron nunca su responsabilidad pese a lo que había resuelto el TSJ al rechazar los indicios para actuar contra Francisco Camps o la entonces alcaldesa Barberá.

Fue el principio, en realidad, de unos últimos años tumultuosos en lo personal. Su mujer María José Alcón fue colocada lejos de los puestos de salida en las elecciones de 2015. Años más tarde, se suicidó precisamente mientras se investigaba todo este caso, en concreto las diligencias sobre el pitufeo, el blanqueo de 50.000 euros del Grupo Municipal, que fueron archivadas finalmente por la Audiencia, decisión ratificada por el Tribunal Supremo.

Un camino que le lleva este martes a sentarse en el banquillo de la Audiencia con 83 años de edad. Antecedentes de esa edad en asuntos de corrupción resultan extraordinarios. No sólo es posible sino probable que con independencia del desenlace de esta vista, el exvicealcalde no llegue a entrar en prisión. O finalmente lo haga por un tiempo breve. El escrito de calificación de la Fiscalía reclama 9 años.

Este martes llegará previsiblemente a la Ciudad de la Justicia acompañado de su abogado, Jesús Bonet. Un hombre que se ha convertido en su sombra en este periplo interminable por los juzgados que le llevó incluso a pasar seis meses en la cárcel en 2021 por su implicación en Azud. Se le investiga por el cobro de cerca de dos millones de euros en comisiones.

El juicio que comienza este martes, previsto para 11 sesiones, abarca la financiación ilegal del PP de Valencia en el periodo 2007-2011, una etapa de mayoría absoluta de Barberá y donde el PP presuntamente pagó sus campañas por aportaciones de destacados contratistas del Ayuntamiento. Él era el supuesto recaudador del partido, según las diligencias de la UCO. Han pasado más de 15 años. Y este dato ya, aislado y sin más contexto, invita a una reflexión del funcionamiento de la Justicia. También se sentarán en el banquillo, Mari Carmen García Fuster, la mano derecha de Barberá en el Ayuntamiento y el que fuera máximo responsable de Valencia Convention Boreau, José Salinas.

Grau ya no atiende el teléfono como en los primeros compases de las investigaciones, cuando arremetió contra el que fue su amigo y posteriormente colaborador de la Fiscalía, Jesús Gordillo. O en las semanas posteriores a su detención por el caso Clepsidra, el hecho de haber recibido relojes de lujo del dueño de Transvia. Entonces mantenía que las piezas que le atribuía la UCO no eran suyas. El exvicealcalde fue condenado por la Audiencia a cuatro años por cohecho y blanqueo. El Supremo lo redujo a nueve meses al eliminar el último delito. Finalmente, en la ejecución de la sentencia, se suspendió la pena a cambio de 5.400 euros.

El político se ha refugiado en su familia después de su paso por la cárcel. Pero sus dos hijas también se han visto salpicadas por la investigación del caso Azud. Suele ser este un fenómeno habitual. Las investigaciones por corrupción se extienden también a los familiares más cercanos. Una de ellas formaba parte de la sociedad en la que el exvicealcalde tenía diferentes propiedades. La otra, residente en EEUU, también aparece señalada. De hecho, una de las investigaciones consiste en averiguar si el exvicealcalde derivó a ese país parte de su patrimonio obtenido de forma fraudulenta.