De la Oliva, en funciones desde hace 19 meses por el bloqueo en el Poder Judicial

De la Oliva cumplió su segundo mandato en febrero de 2021. La magistrada optó por guardar silencio respecto a su futuro. En su día, prefirió no responder a la pregunta de si quería presentarse a una tercera etapa. No tenía decidido qué iba a hacer. Podría optar a una renovación, jubilarse o incluso regresar a un juzgado, algo poco probable.

Juan Luis de la Rúa, el anterior presidente del TSJ, también pretendió continuar una tercera etapa. Pero su candidatura fracasó. Ahora, los cargos gubernativos han quedado limitados a dos mandatos tras una modificación. Sin embargo, la presidenta puede esquivar esta cuestión y acogerse a una disposición transitoria porque ya estaba nombrada en el momento de la modificación legal.

La situación de De la Oliva no resulta excepcional. Todo lo contrario. El permanente bloqueo en el Poder Judicial ha llevado a la paralización de la renovación de numerosas presidencias de TSJ. Por ejemplo, en las dos Castillas, con titulares con tres mandatos; el caso de la Comunitat que es idéntico a Andalucía y los supuestos de La Rioja y Cataluña. Pero, además, otros puestos en el organigrama judicial se encuentran en idéntica posición.

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, clamó recientemente por una solución al conflicto político que ha desembocado en una situación sin precedentes en los 42 años de historia de la institución. Los datos del Poder Judicial muestran que 29 plazas de tribunales superiores están pendientes de la renovación al estar los mandatos caducados. Es el caso, en la Comunitat, del presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJ, Manuel José Baeza Díaz-Portales, que lleva más de diez meses en funciones. En toda España hay, además, una veintena de presidencias de Audiencia a la espera de una solución. En Alicante, el magistrado Juan Carlos Cerón, también sigue en su puesto pese a que su plaza debería haber salido a concurso a principios de año.

La parálisis en el órgano de gobierno de los jueces se inició en diciembre de 2018. A comienzos de 2021, PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno, impulsaron una reforma para impedir que el CGPJ pueda realizar nombramientos mientras continúe en situación de interinidad.

No parece probable que la solución llegue en lo que queda de legislatura, algo más de un año. Eso siempre que no haya un adelanto. El PP de Pablo Casado negoció en varias ocasiones una renovación del Poder Judicial sin que se llegara a un acuerdo. Al parecer, la llegada de Feijóo auguraba un nuevo clima en las relaciones entre ambos partidos, lastradas por una feroz oposición de los populares. Pero eso finalmente no se ha materializado en un avance real.

El PP ha designado a Esteban González Pons, uno de sus hombres en el núcleo de confianza, como responsable de las negociaciones. Un diálogo que hoy por hoy está muerto. Y no parece que la reactivación sea tarea sencilla. En ese escenario pesimista para el órgano de Gobierno de los jueces, la Comunitat ha ganado enteros con el encargo que ha recibido el eurodiputado. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), organización de sensibilidad conservadora, ya se ha establecido algún contacto con el dirigente popular. La candidatura de Esther Rojo, presidenta de la Audiencia de Valencia, puede haber ganado enteros. Otras fuentes, en cambio, hablan de que nada ha cambiado en ese sentido con la apuesta por González Pons.