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El letrado de Joaquín Barceló ha reaccionado airado ante el informe del abogado de Zaplana en el que ha lamentado la «clandestinidad» de las conformidades y la supuesta duda que ha generado alrededor de la veracidad del testimonio de su cliente. «Barceló ha ... contado la verdad de lo que ha sucedido. Se ha autoinculpado y ha admitido conductas delictivas», ha sostenido. «No se trata de hechos inventados», aclaró. Reclamó «respeto» para las personas que han decidido conformarse. Fue un informe breve, de apenas diez minutos.
La jornada se completó con el informe del letrado de Juan Francisco García, el exjefe de gabinete de Zaplana que ha aceptado también la conformidad ofrecida por la Fiscalía. «No pensaba intervenir», adelantó. «Cuando uno se equivoca hay que admitirlo», dijo y puso como ejemplo a su cliente. «Se equivocó aceptando unas instrucciones». Y «lo correcto y honorable» consiste en reconocerlo.
«No se puede imputar a determinadas personas para exonerar a otra», ha lamentado respecto al informe de su compañero, representante de Zaplana, en la que ha criticado esos pactos por «clandestinos». El abogado ha compartido con el fiscal el hecho de que en las Mesas de Contratación no se decide nada. «El que diga lo contrario o no sabe lo que dice o miente». La defensa se mostró contenta por la posición que ha adoptado su cliente en este procedimiento.
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El informe más breve del día ha sido el protagonizado por el letrado de José Cotino. Recordó las palabras del fiscal durante su informe de que su cliente «no sabía nada».
Por último, fue el turno del letrado de José Luis Olivas, el otro expresidente de la Generalitat que se sienta en el banquillo del caso Erial. La defensa planteó el sinsentido de que comiencen los pagos en el momento de la adjudicación y a Olivas se le entregue supuestamente seis años después.
El letrado ha recordado cómo se ha vulnerado el principio acusatorio en Erial y que ahora se les acusa de un delito de cohecho más grave que al principio de la vista. «Ni participó ni podía participar -en referencia a los parques eólicos-. No se puede sostener una acusación por el simple hecho de ser presidente». Una idea que, según el letrado, ya adelantó la UCO y la Agencia Antifraude.
Además, la defensa sostuvo que el delito de cohecho está prescrito. Su tesis es que se le cita a declarar en 2020 y han transcurrido más de 17 años desde la supuesta comisión del delito. La prescripción era de diez años. «No hay un delito continuado», aclaró.
La defensa ha reivindicado la labor de asesoramiento y «desbloqueo» que consiguió Olivas con su mediación para la compra por parte de Endesa del 25 % que Sedesa tenía en Proyectos Eólicos Valencianos (PEVSA). El expresidente cobró una comisión de 580.000 euros por una labor de mediación con Iberdrola que finalmente forzó a su rival (Endesa) a materializar la operación. Esta operación también proporcionó a los Cotino unas jugosas comisiones. Por útimo, alegó al hecho de «cosa juzgada» porque estos hechos ya se dilucidaron en el juzgado de lo Penal, en una sentencia que condenó al expresidente de Bancaja.
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