Olivas denuncia que la juez de Erial le ha imputado nuevos delitos por los que nunca fue interrogado

Olivas, al igual que ha hecho Zaplana, ha recurrido el auto de procesamiento. No tienen esperanzas en que la Audiencia revoque la resolución de la jueza de Instrucción 8 de Valencia. De hecho, todas las fuentes consultadas aceptan ya que la disputa sobre este asunto se resolverá en el juicio.

El exdirigente popular concentra su escrito en la aparición por sorpresa de nuevas imputaciones. Ilícitos penales que hasta la fecha, al parecer, eran desconocidos para el político. Olivas estaba investigado por un supuesto cohecho al recibir 580.000 euros como comisión por las adjudicaciones de los parques eólicos. Él, en la otra causa en la que fue condenado por un factura falsa, defendió que ese dinero respondía a una labor de intermediación por la venta de unas acciones.

Ahora, su letrado, acaba de conocer que también se le pretende juzgar por falsedad documental y prevaricación en el marco del caso Erial, la fortuna oculta del expresidente en el extranjero. Y lo anterior pese a que Olivas nunca ha sido interrogado sobre estas cuestiones, requisito imprescindible para sentarse en el banquillo, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Se acusa a Olivas sin que este haya siquiera declarado sobre estos delitos», subraya el abogado.

Pero no sólo lamenta la nueva imputación. Incide la defensa en la falta de concreción de la resolución judicial que no cita en qué documentos falsos participó su representado ni qué «decisión o decisiones adoptó Olivas y en qué cargos». La defensa concluye que el auto es nulo «porque adolece de la motivación necesaria». De igual modo, muestra su extrañeza en la acusación de cohecho ante la ausencia en el procedimiento del beneficiado en ese cohecho, según la defensa, las empresas que obtuvieron las adjudicaciones ahora bajo sospecha.

La representación legal aporta abundante jurisprudencia respecto a la falta de garantías de un auto donde se incorporan nuevos delitos y que destaca por la ausencia de una concreción de los hechos delictivos. Por un lado, esto impide desarrollar una estrategia de defensa, lo que constituye una «fuente de indefensión incompatible con el derecho a un proceso de todas las garantías».

Con el auto de procesamiento, la juez de Erial resolvió, en cierta manera, la petición de archivo que efectuó unas semanas antes el expresidente. En aquel momento, el letrado expuso una circunstancia dentro del relato que puede beneficiar la tesis del investigado. Los pagos controvertidos al exdirigente se produjeron en 2008. Mientras, las adjudicaciones, el proceso en sí, son de 2002 y 2003. Un lapso temporal que no puede ser desterrado y que serviría incluso como contraindicio, un puntal en la estrategia de defensa del expresidente: «No se soborna con pagos aplazados un lustro». Esta operativa parece reproducirse también en los otros imputados como Eduardo Zaplana y Juan Francisco García.

Olivas es hasta el momento el único expresidente de la Generalitat que ha sido condenado por un delito relacionado con la corrupción, el fraude de la factura de los 580.000 euros para esconder la comisión. Ahora se encuentra procesado en Erial. Más suerte ha tenido hasta la fecha en todos los procedimientos derivados de las aventuras inversoras de Banco de Valencia y la salida a Bolsa de Bankia. En este último fue absuelto junto al exministro Rodrigo Rato.