Igualdad conoció la investigación al ex de Oltra una semana antes que la consellera

Fenollosa, al igual que su compañera Serra el pasado lunes, no salió airosa de su comparecencia, según fuentes judiciales. Su defensa volvió a presentar otra remesa de documentos donde sorprendentemente figuraba el auto de medidas cautelares, la orden de alejamiento del educador, que la Conselleria ha mantenido hasta ahora que no tenía. A partir de ese momento «se quedó bloqueada», han explicado fuentes presentes en el interrogatorio para definir las respuestas que desde entonces ofreció al instructor.

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De hecho, en la causa consta una carátula de un fax donde se recoge que no se pudo entregar. Sin embargo, ahora sí ha aparecido esta resolución judicial que llegó por registro de entrada el 28 de julio de 2017. El hallazgo ha sorprendido al instructor porque evidencia que el departamento sí conoció documentalmente la existencia de un procedimiento judicial contra el educador. Pese a esta circunstancia, tal y como mantienen el juez y el fiscal, se decidió la apertura de un expediente informativo que se acabó convirtiendo en un dosier que restaba credibilidad a la víctima, tutelada por la propia Administración. Oltra siempre ha defendido que se enteró de todo este asunto el 4 de agosto al recibir una comunicación en su domicilio. Según su tesis, nadie de la conselleria le trasladó estos hechos.

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Hasta la fecha cargos de Igualdad han sostenido que desconocían el procedimiento penal. Pero el auto demuestra lo contrario. La incógnita es quién tuvo conocimiento y cómo funcionó o dejó de funcionar la cadena de comunicación en un departamento autonómico. «¿Nadie avisó a la vicepresidenta de que había unas diligencias abiertas»?, preguntó el juez a Fenollosa. De igual modo, el magistrado ha insistido en la tardanza del departamento por cumplir la orden de alejamiento lo que le llevó a trasladar a la menor de centro en vez de al profesional investigado. El instructor también ha mostrado cierta extrañeza en el hecho de que buena parte de la documentación que ha presentado en el juzgado tiene como objetivo "defender" a gente que no está personada en la causa, en clara referencia a la consellera Mónica Oltra.

El último turno ha sido para Francisco Soriano, jefe de la sección del Menor del departamento. En todo momento ha insistido en que siguió las directrices de sus técnicos, el personal que evaluó a la menor en febrero de 2017 y que no dio credibilidad a la adolescente tutelada. Soriano fue interrogado acerca de qué condiciones cambiaron para que en agosto sí decidieran enviar a la menor al instituto Espill para una nueva exploración, mientras que en febrero había dado por finiquitado el asunto.