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El educardor social, condenado por abusos a una menor. Damián Torres
El exmarido de Oltra acusa a la conselleria y a la fiscalía de dejarle indefenso en la condena por abusos sexuales a una menor

El exmarido de Oltra acusa a la conselleria y a la fiscalía de dejarle indefenso en la condena por abusos sexuales a una menor

El condenado a cinco años de prisión pide al TSJ la repetición del juicio o que celebre una vista en la que declaren los autores de los informes exculpatorios antes de resolver sobre el caso

A. Rallo

Valencia

Jueves, 26 de diciembre 2019, 23:11

Luis Eduardo Ramírez, exmarido de Mónica Oltra condenado a cinco años de prisión por abusos a una menor en un centro de protección, ya ha recurrido la sentencia. El escrito subraya la ausencia en el expediente judicial de dos informes exculpatorios que cuestionan la veracidad del testimonio de la víctima. En este sentido, la defensa de Ramírez critica «la falta de diligencia» que ha mostrado en este procedimiento tanto la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas como la Fiscalía de Menores, lo que le ha generado una «enorme indefensión» en la causa.

El condenado reclama al TSJ que celebre una vista para incorporar los dosieres y que declaren los autores de estos dictámenes favorables o, de manera alternativa, que el alto tribunal ordene la repetición del juicio que celebró la Audiencia con toda la prueba incluida.

El embrollo judicial alrededor de este asunto resulta difícil de comprender. El recurso, que firma la letrada Ana Cal, enumera todas las deficiencias del procedimiento como que la Conselleria descubriera un informe exculpatorio tras el final del juicio o que la Fiscalía hubiera reclamado ese mismo dosier en diciembre de 2017 sin recibir contestación, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS.

La defensa de Ramírez se muestra especialmente crítica con el papel del ministerio público a quien acusa de "ocultar y silenciar" datos beneficiosos para el entonces acusado. En el juicio se valoraron dos dictámenes. Por un lado, el de la forense que dio credibilidad al relato de los abusos. Y, por otro, el de una psicóloga de la Dirección Territorial que llegaba a la conclusión contraria. Sin embargo, la Conselleria de Oltra, con posterioridad al juicio, conoció la existencia de otro informe, el del instituto Espill, que también cuestionaba la versión de la joven. La Fiscalía de Menores -sección diferente a la que ejerció la acusación en el juicio– requirió este dosier en diciembre de 2017. "La Conselleria jamás lo envió", lamenta el exmarido de Oltra en su recurso. Pero, además, la defensa de Ramírez, sostiene que existe un segundo dictamen exculpatorio que la Fiscalía conocía y que "por motivos inexplicables" no fue aportado a la causa judicial. El dosier llegó al ministerio fiscal en diciembre de 2017. Toda esta documentación, según la letrada, podría dar un vuelco al fallo de la Audiencia. En concreto, hasta tres profesionales distintos sostienen que la versión de la menor no es creíble y subrayan ciertas contradicciones, circunstancia esta que fue descartada por el tribunal.

Falta de pruebas

La letrada destaca que el análisis de la declaración de la menor en el juicio no puede ser prueba suficiente para fundamentar la condena porque contiene numerosas contradicciones con su testimonio anterior. Por ejemplo, el número de abusos, la posición en la que dormía, el hecho de que ahora no dijera nada de conversaciones de contenido sexual que supuestamente le trasladaba el educador. Además, incide en que los testigos que declararon en la causa no dieron credibilidad a la adolescente y apunta un motivo de la menor para supuestamente idear toda esta trama: de esa forma podía irse a vivir a casa de los padres de su novio.

El escrito trata de restar valor al informe de la médico forense porque fue elaborado sin que se practicara un test de credibilidad y la profesional no es experta en delitos de esta naturaleza. La abogada mantiene que no sólo es que no exista prueba suficiente para sostener una condena sino que, además, las que constan en la causa han sido "irracionalmente" valoradas.

El educador fue condenado a cinco años de cárcel en una sentencia que censuraba la actuación de la Generalitat y del centro de menores. Incidía en el hecho de que precisamente la relación sentimental que mantenía la consellera con el profesional pudo frenar la intención de la joven de denunciar los hechos por miedo a no ser creída.

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