Oltra admite que el Consell improvisó el decreto anticrisis sin valorar la opinión de la Abogacía

La vicepresidenta lo ha explicado abiertamente: «La acelerada tramitación del proyecto de decreto ley va comportar su aprobación sin que se pudieran valorar con el detenimiento requerido algunos de los aspectos a los cuales el informe de la Abogacía de la Generalitat alude. Al mismo tiempo se habían incorporado algunas modificaciones de última hora que no habían podido tener la oportunidad de pronunciarse la Abogacía». O sea, que actuaron con prisas, sin valorar los informes jurídicos pertinentes, y con modificaciones de última hora frente a las cuales, directamente, los letrados de la Generalitat no pudieron decir ni esta boca es mía. El Consell no siguió el dicho, vísteme despacio que tengo prisa. Se puso lo primero que encontró en el armario y se presentó de tal guisa que tuvo que volverse a casa sin plumas y cacaraeando, como el gallo de Morón.

El decreto ley se hizo mal y sin tener en cuenta, además, la opinión de todas las sensibilidades del tripartito al frente del Consell, lo que ha propiciado, además, que se generase un nuevo motivo de recelos y fricción entre los socios de la coalición gubernativa. Una vez la Abogacía advirtió de que el decreto ley inicial contenía errores, desde una parte del Consell se barruntó qué hacer con el texto. Hasta la víspera de vacaciones de Semana Santa se trabajaba en intentar solventar el decreto ley que fue aprobado el 1 de abril. De hecho, fuentes del Consell reconocían no saber cuál sería la solución que se adoptó finalmente, anunciada por el Palau. Además de chapucero, secreto.

Oltra, en su comparecencia, no ha hecho otra cosa que leer un párrafo del nuevo decreto ley, la explicación de la falla, de los fallos, por los cuales se ha tenido que rehacer una normativa que puede entenderse como una segunda parte de la Ley de Acompañamiento que se aprueba anualmente junto los presupuestos. Esa ley que acompaña las cuentas públicas de la Generalitat suele incluir multitud de arreglos, en ocasiones remiendos, de variadas leyes. Tradicionalmente, la oposición, ya sea ahora la derecha y antes la izquierda, critica que el Ejecutivo aproveche para hacer cambios de todo tipo sin venir a cuento, empleando una puerta de atrás que evita tramitaciones y controles internos. Ocurre una vez al año. Sin embargo, esta vez serán dos. Porque el decreto ley aprobado ahora, el rectificado de hace tres semanas, retoca una veintena de textos legislativos con temática peregrina.

Desde la oposición se recibe con muchas reticencias. La síndica del Grupo Popular en Les Corts, María José Catalá, ha afirmado que «está más al servicio del propio Consell que al de los valencianos porque está centrado más en sus obsesiones ideológicas y políticas».

Catalá ha asegurado que «este decreto de medidas urgentes no está pensado para solucionar los graves problemas derivadas de la crisis económica que tienen las familias y empresas valencianas, sino que únicamente intenta solucionar los gravísimos problemas de gestión de este tripartito nacionalista de izquierdas». Para la popular, falta «una bajada de impuestos, que es lo que más necesitan las familias y empresas valencianas en estos momentos. Puig y su Consell no están a la altura del momento. Los valencianos merecen medidas reales que los alivien y no las que sirven para salvar a un Consell que está en decadencia», y remata: »Les dice ahora a los universitarios que les baja un 10% las tasas de la matrícula pero se olvida que les prometió la gratuidad» para los que aprobasen todas las asignaturas.

El decreto pretende ser un compendio de medidas en materia de simplificación, racionalización y agilización administrativa. Pero, aparte de regular la implantación de energías renovables en la Comunitat, el texto introduce importantes cambios legislativos en la ley de presupuestos, la de medidas fiscales, la de tanteo y retracto, la de función social de la vivienda, la de ordenación farmacéutica, la de memoria democrática, la de cooperación de administraciones locales, o la de ordenación del transporte metropolitano de Valencia... Un poquito de todo a cuenta de la guerra en Ucrania y sus presumibles consecuencias negativas para la economía valenciana. El decreto incorpora, según se explica desde la Generalitat, la posibilidad de incrementos del 30 % de la Renta Valenciana de Inclusión y permitirá reducir en un año el tiempo de tramitación de las autorizaciones para la instalación de energías renovables. Igualmente, se pretende «conseguir la soberanía energética y ayudar económicamente a las familias y personas más vulnerables, así como dar apoyo a los sectores industriales y empresas más afectadas».

El Consell tuvo problemas internos para cerrarlo, pero llegó finalmente al pleno del 1 de abril con acuerdo y un documento de más de 60 páginas en el que aprovechaba la coyuntura para modificar hasta una veintena de normas. Se quedó por el camino el intento de incluir también el cambio de la ley de función pública que la Generalitat pactó con el Gobierno central para que el Ejecutivo de Sánchez no lo llevase al Tribunal Constitucional. Esa modificación de la nueva normativa para los funcionarios queda pendiente de aprobarse una vez se de cuenta de los cambios a los sindicatos, que, al igual que una parte del Consell, no habían sido informado de la mutación. Precisamente, la consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, es la única que no aparece en la firma del nuevo decreto, algo que desde el Consell se explica porque «no es proponente en el decreto».