El ex de Oltra alega cargas familiares y que está en el paro para rebajar la pena

De igual modo, la defensa del educador, que dirige Ana Cal, sostiene que sí puede plantear ante el Supremo la nulidad parcial que en su día decretó el TSJ y que abocó el asunto a una repetición del juicio, pero sólo con la incorporación de los nuevos dosiers.

Trata, además, de defender la aplicación de diferentes atenuantes para reducir la entidad del castigo. Por un lado, el de la reparación del daño. Mantiene que sí se ha hecho un esfuerzo de especial relevancia para aportar los 6.000 euros que se reclamaban como responsabilidad civil. Recuerda la letrada la repercusión mediática del asunto, que Icardi se encuentra en el paro -fue despedido tras la última sentencia- y que no tiene ningún contacto con su ex, la consellera de Igualdad. En este sentido, añade que tiene dos hijos y que en el momento de los hechos era mileurista. De esta forma, pretende demostrar el empeño que se puso al pedir un crédito para asegurar el pago de la indemnización.

El escrito sostiene que también se deberían aplicar las dilaciones indebidas. No porque la Audiencia y el juzgado de Instrucción actuaran de manera deficitaria sino porque se han producido evidentes retrasos en la tramitación de la causa que no se pueden achacar a Icardi.

Por ejemplo, el juicio llegó a suspenderse en cinco ocasiones por la incomparecencia de la menor y después se demoró más todavía con la aparición de los informes exculpatorios. No lo dice expresamente, pero apunta a que ese retraso sería computable a la Administración. Los expedientes estuvieron casi dos años en la sede de la conselleria y sólo 'aparecieron' tras la primera condena. Recuerda, por otro parte, que no es necesario pedir perdón a la víctima para beneficiarse de esta atenuante.

Las alegaciones también hacen referencia a la falta de motivación de la agravante de prevalimiento. Las sentencias, según la defensa, no explican de qué modo Icardi se valió de su condición de educador y, por tanto, de un cargo de autoridad en el centro dependiente de la Generalitat, para perpetrar los abusos.

El siguiente paso debe ser ya la decisión del Tribunal Supremo. En paralelo a este procedimiento, un juzgado de Valencia investiga la actuación de los otros responsables de la Conselleria de Igualdad en el trato que se le dio a la víctima. Las diligencias también pretenden aclarar si las actuaciones a raíz de este caso, como la apertura de un expediente, tenían como objetivo proteger a la conselleria y desacreditar a la adolescente, hoy mayor de edad.