Oltra no se da por aludida ante el plan de choque del Gobierno contra la explotación sexual de menores tuteladas

El Gobierno ha anunciado un plan de choque contra la explotación sexual de jóvenes tuteladas al hilo de casos de la Comunitat, Baleares y Madrid, entre otras regiones. La consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha sido preguntada al respecto y ha asegurado que no había podido asistir a esa cita por participar en el pleno del Consell y dar cuenta, en ese mismo momento, de los acuerdos aprobados por el Gobierno valenciano. No obstante, Oltra no se ha dado por aludida frente a esta iniciativa de los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales, en manos de las podemistas Irene Montero e Ione Belarra. De hecho, la vicepresidenta y consellera ha asegurado que los protocolos que el Gobierno pretende implantar ya funcionan en la Comunitat, e incluso ha ironizado sobre el tiempo que el Ejecutivo central ha precisado para interesarse por la situación.

Los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales han propuesto a las comunidades autónomas un «plan de choque urgente» con medidas para luchar contra la situación de explotación sexual que, según se ha conocido en los últimos meses, han sufrido niñas y adolescentes tuteladas. La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, aseguraron que ayer se produjo un primer encuentro en el que también han estado presentes otros departamentos del Ejecutivo, como Interior, Exteriores o Sanidad, así como la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

Igualdad y Derechos Sociales han propuesto a las autonomías una formación más específica sobre violencia contra la mujer de la que, según Rodríguez, podría ocuparse el ministerio. El objetivo sería ayudar a los profesionales a «detectar» lo antes posible a las víctimas, así como los contextos que permiten que se siga reproduciendo la violencia sexual. «Creemos que esto se puede mejorar», apuntó la secretaria de Estado.

«Todo eso que el Gobierno plantea que se puede hacer ya se lleva haciendo en la Comunitat bastante tiempo. De hecho, desde mayo de 2017, la Conselleria de Igualdad y yo misma pusimos el acento en este asunto«, ha asegurado Oltra, en referencia a su comparecencia en Les Corts en la que señaló un presunto abuso en un centro de menores en Segorbe. La propia Oltra reconoció en su momento no tener constancia hasta agosto de ese mismo año del abuso cometido por su exmarido medio año antes (entre finales de 2016 y principios de 2017) y por el que finalmente fue condenado en dos sentencias donde se realizan valoraciones respecto a la gestión de su conselleria. Las sentencias condenatorias señalan que a la víctima de los abusos se le trató con »hostilidad« tras denunciar su caso.

La vicepresidenta siempre ha defendido la actuación de su departamento y ha negado haber «mirado para otro lado» cuando tuvo conocimiento del caso que afectaba a su exmarido, crítica que sostiene el PP. Oltra alega que ha sido durante su gestión cuando se han puesto en marcha protocolos vinculados de manera específica al modo de actuar por parte de los centros de menores y de la propia conselleria ante casos de abusos sexuales. Esa hoja de ruta, según ha explicado en sus comparecencias, se estableció al mes siguiente de que ella misma se enterase del caso de su exmarido, educador social, y cuatro meses después de haber incidido la propia Oltra sobre un presunto abuso (un año después, el educador sexual acusado fue absuelto) en un centro de menores de Segorbe. «Así que bienvenido el resto de España a este tema, cinco años después», ha indicado Oltra.

La iniciativa del Gobierno surge una vez el PP ha puesto el foco en abusos como el del exmarido de la vicepresidenta, los casos ocurridos en Baleares, así como en el informe de la Sindicatura de Greuges donde se indica que en un año se registraron actuaciones (se activaron los protocolos) vinculadas a agresiones sexuales a 175 menores tuteladas. Oltra compareció en Les Corts para asegurar que 135 de esos casos se había registrado antes de que los menores fueran tutelados. Los populares han pedido tanto en Les Corts como en el Congreso de los Diputados comisiones de investigación sobre estos casos, mientras que Ciudadanos ha reclamado la comparecencia de la ministra Ione Belarra.

En cualquier caso, el Gobierno y los ejecutivos autonómicos elaboran un plan de choque urgente para impedir que niñas y adolescentes tuteladas por los poderes públicos sigan cayendo en las redes de la prostitución y de la trata, con el que intentan salir al paso de los múltiples escándalos de este tipo detectados en los últimos meses en varias comunidades. Una de las medidas será el impulso de la acogida en núcleos familiares, algo en lo que Oltra también ha incidido que ya se ha implantado en la Comunitat.

Técnicos de alto nivel de ambos ministerios y de otras seis carteras gubernamentales, de todas las autonomías y de la federación de municipios han iniciado contactos para tener definido y redactado en un mes este plan de acción, que luego será bendecido por ministros y consejeros en una conferencia sectorial extraordinaria. Se trata de pactar actuaciones semejantes en todas las autonomías, que son quienes tienen las competencias específicas en infancia y servicios sociales y quienes gestionan los centros de menores.

«Se trata de una situación de extrema gravedad, que vivimos con mucha preocupación», indicó la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. «Tenemos que garantizar que el sistema de acogida vela por los derechos de los menores y que ninguna institución pública mira para otro lado», añadió Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, y el segundo convocante gubernamental de este encuentro extraordinario.

En los últimos años, de manera recurrente, se han conocido múltiples casos de explotación sexual de niñas y adolescentes de centros de protección de Palma de Mallorca, Canarias, Alicante, Álava y, hace pocos días, también de Madrid y Guadalajara. No obstante, las investigaciones de los expertos, como la realizada en 2017 por Unicef en nueve autonomías, indican que es una irregularidad extendida, con casos que se silencian en la mayoría de las regiones, por lo que los escándalos conocidos no serían más que la punta del iceberg de un mal generalizado. Hallaron episodios de explotación sexual de menores tuteladas en siete de las nueve comunidades auditadas.

Son jóvenes vulnerables, procedentes de familias desestructuradas o en las que sufrieron abusos, a las que los proxenetas introducen, a menudo con engaños, chantajes y violencia, en el mundo de la prostitución, en demasiadas ocasiones con el cebo de las drogas a las que se enganchan o de teléfonos móviles, ropa o pequeñas cantidades de dinero.

El plan de choque, que está pendiente de nuevas aportaciones e ideas de las autonomías, contendrá una batería de medidas para reducir el riesgo de captación de las chicas que viven en los centros de acogida por los proxenetas, entre otras acciones con la formación específica en detección precoz de los educadores. También incluirá una guía con los pasos concretos a dar si se detecta este problema: qué hacer, dónde derivara las víctimas o de qué recursos se dispone para sacarlas de esta violencia y recuperarlas.

El proyecto se centra en combatir la trata para explotación sexual, pero también protegerá a los menores de los centros contra cualquier tipo de violencia machista (abusos, acoso sexual, violencia de género, matrimonios forzados o ablación del clítoris).

Álvarez avanzó que una de las estrategias principales es multiplicar en pocos años los menores tutelados que crecen con familias de acogida, lo que les aleja de las garras de los proxenetas y permite que los centros de menores, que solo son el mal menor, queden para los casos indispensables. A ello destinará el Gobierno 200 millones, que ya ha comenzado a transferir a las autonomías. Se trata de acabar con una anomalía que aleja a España de buena parte de Europa. Aquí, a diferencia de los países vecinos, la mayoría de los niños y adolescentes bajo tutela del Estado están recluidos en centros. Solo viven en hogares de acogida el 45% de los menores, unos 23.000 de los 50.000 que protegen las instituciones públicas. Oltra, por su parte, ha asegurado que desde su llegada a la consellería se ha potenciado el acogimiento familiar y que se ha multiplicado por cuatro la aportación económica que la Generalitat hace para facilitar esa atención en las familias de acogida.

Otra pieza clave para el rescate y recuperación de adolescentes será el capítulo del plan de inserción laboral y social de víctimas de explotación sexual que el Ejecutivo quiere tener en situación de aplicarse muy pronto. La conocida como ley de 'Solo sí es sí', que está pendiente de su aprobación por el Congreso, también incluye medidas para tratar de impedir la violencia machista en los propios centros. Crea un delito que castiga la solicitud de favores sexuales por parte de empleados y educadores de estas instituciones (con una condena de cárcel de 1 a 4 años y entre 6 y 12 años de inhabilitación) y permite perseguir penalmente a la industria de la prostitución, con el encarcelamiento de los dueños de los locales y su clausura.

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