El juez que investiga la gestión que desde la Conselleria de Igualdad se realizó de la denuncia por abusos sexuales contra el exmarido de Mónica Oltra, ha solicitado a las partes que se pronuncien acerca de una eventual prórroga del caso, otros seis meses ... más de investigación, a la vista de que las diligencias que se están practicando no terminarán en el periodo actual.
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La vicepresidenta, a través de un escrito, ha mostrado su oposición a la medida. Considera que no existe ninguna investigación pendiente de practicar y su relevancia en el caso. Además, sostiene que la «larga y excesiva» duración de la investigación, así como el «secreto» constituyen «anomalías procesales» donde debe primar un criterio restrictivo. De nuevo, ha insistido en el carácter prospectivo de la investigación, algo prohibido en el ordenamiento jurídico.
Una de las acusaciones populares, en concreto la que encabeza Cristina Seguí, no obstante, ha reclamado la prórroga de las actuaciones debido a la complejidad de la causa y la existencia de diligencias pendientes de practicar, como el análisis de los correos que los investigados se cruzaron en tres momentos clave de la investigación.
En un primer momento, los mails analizados deberían comprender el periodo del 20 de febrero de 2017 hasta el 23 de marzo -primera investigación de los abusos- y desde el 5 de julio hasta el 1 de diciembre de ese mismo año -orden y elaboración del expediente-. Pero finalmente, el juez decidió extender el marco temporal al último trimestre de 2019, periodo en el que se conoce la primera sentencia condenatorio contra el exmarido de Mónica Oltra, el docente Luis Ramírez Icardi.
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La causa judicial mantiene todavía una pieza secreta. Es bajo ese paraguas donde se han recopilado los correos electrónicos que se enviaron los investigados en los momentos capitales de la presunta trama. Al margen de la cuestión temporal, se tendrá también en cuenta que los mails hagan referencia «explícita» a los hechos de la denuncia así como que los emisores sean los propios investigados en la causa. Son los criterios que el juez estableció para permitir esa intromisión en la intimidad de los acusados.
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