Oltra cree que Divalterra tiene «estructuras podridas» y sugiere su eliminación

Y al tercer año de legislatura, Compromís y PSPV se dieron cuenta de que Divalterra no debió resucitar. La antigua Imelsa se reconvirtió, pero si alguien tenía esperanza de una catársis real, esta semana ha podido abandonarla. Cambió su nombre, pero sigue dando problemas. La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, la nacionalista María José Amigó, trató de defender ayer el modo en que la corporación ha gestionado la polémica empresa pública: «Cuando entramos en Divalterra, los contratos de alta dirección los pensamos para reestructurar la empresa, que se encontraba en una situación pésima. Es decir que siempre hemos intentado hacer las cosas bien hechas, pero si la Justicia considera que en algo se han equivocado, lo acataremos», señaló ayer en la Ser.

No tenía esa visión Mónica Oltra ayer, quien aprovechó unas declaraciones sobre la sustitución de Rodríguez como presidente de la Diputación para señalar que «en ese escenario de cambio» habrá otras cuestiones que tendrán que estar encima de la mesa como son reformas «profundas» en actuaciones y estructuras.

«Se debe de tratar cambios en estructuras y actuaciones para que estas cosas no puedan pasar», señaló la dirigente de Compromís, quien, entre los temas a abordar junto con los socialistas, insistió en la necesidad de abrir una reflexión sobre el futuro de Divalterra, empresa que «se perpetúa como un mecanismo hecho a base de irregularidades» y que «no hay manera de que deje de funcionar en la inercia de las irregularidades».

«Eso es un problema de fondo que se debe de atacar desde el fondo», recalcó Oltra, quien avanzó que uno de los condicionantes que Compromís va a plantear de cara al tramo final de la legislatura es «hablar seriamente de Divalterra» porque «no puede se puede tener estructuras podridas que sigan generando podredumbre». El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, consideró el miércoles que no se debe «demonizar» las empresas públicas sino dotarlas de mayores controles. Sin embargo, tres años después de iniciarse la legislatura, los filtros parece que no han sido los suficientes.