Oltra se enfrenta a hasta seis años de cárcel y 23 de inhabilitación por los delitos que le atribuye el TSJ

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, declarará como imputada el próximo 6 de julio ante el TSJCV para aclarar si su conselleria trazó un «plan preestablecido» para ocultar los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, como apunta la Fiscalía. Lo hará ante el magistrado instructor Antonio Ferrer, quien investigará si la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas pudo cometer hasta cinco delitos (encubrimiento, prevaricación, malversación impropia, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos). Todos ellos, tipificados en el código penal y que en el caso de que se demostraran, supondrían penas totales de hasta seis años y medio de prisión y 24 de inhabilitación.

En concreto, por el delito de encubrimiento, contemplado en el artículo 451 del código penal, hay tipificadas penas de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación especial para ejercer un cargo público de entre dos y cuatro años para los que con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniera con posterioridad a su ejecución para ayudar en su ocultación, auxilio o ayuda para eludir la investigación. El TSJ introduce una matización respecto a este delito, porque aclara que hasta que la sentencia de condena a su exmarido no sea firme -queda un recurso en el Tribunal Supremo- «quizá» no se le podrá investigar por ese delito de encubrimiento. Pero, además, este delito podría no aplicársele, porque en el artículo 454 se especifica que están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad. Es decir, este delito no sería tal en el caso de Oltra en caso de que se hubiera producido, porque la persona condenada es su expareja.

Sin embargo, no ve problema el alto tribunal en analizar el resto de delitos apuntados por la Fiscalía: el no denunciar los hechos, la desprotección de la menor que estaba tutelada por la Generalitat y la apertura de una investigación para desacreditar a la menor y exculpar a la Conselleria de Igualdad. Cita incluso la posibilidad de que concurra también en esa hipotética prevaricación, una malversación al utilizar recursos públicos para un interés privado. El ministerio fiscal fue un paso más allá del análisis expositivo del juez. De hecho, le atribuyó un plan preestablecido, dirigido a través de una orden verbal dada su ilegalidad y que pretendía, por un lado, proteger a su exmarido de la causa judicial y, por otro, exculpar a la Conselleria de Igualdad de cualquier responsabilidad de su inacción inicial. La acusación le atribuye la posible comisión de los tres delitos anteriores. El abandono de menor está castigado con pena de prisión.

En concreto, la prevaricación conlleva entre 9 meses y 15 años de inhabilitación. La malversación impropia que añade el TSJ, por el uso de medios públicos para llevar a cabo el citdo «plan» suponen entre 2 y 6 años de prisión, inhabilitación de entre 6 y 10 años y la privación de ser elegido por sufragio pasivo de entre también 6 y 10 años. El cuarto de los delitos, el de abandono de menores está tipificado en el código penal con entre 3 y 6 meses de prisión o una multa de entre 6 y 12 meses. Por último, la pena por la omisión de perseguir un delito está tipificada con entre 6 meses y 2 años de inhabilitación.

Así, la suma de las penas a las que se enfrentaría lainvestigada, en caso de que fuera condenada, ascendería a hasta los 6 años de prisión y 24 de inhabilitación para volver a ejercer un cargo público. A esa suma se añadirían los tres años de encubrimiento y tres años de inhabilitación que conlleva el encubrimiento que el TSJ no sólo no valora, sino que en su situación, no concurriría por su parentesco con el condenado por abuso.

El juez señaló en su día que tras la práctica de las diligencias, solicitud de información y declaraciones en sede judicial, necesitaba que se imputara a Oltra para proseguir con las pesquisas del resto de encausados. Y este es el papel que ha asumido ahora el alto tribunal. Faltan todavía dos testificales por practicar, así como alguna de las solicitudes que en su día encargó el juez, como un informe a la Policía Local sobre cómo actuó tras la orden de protección contra la menor.

Antonio Ferrer es el magistrado que llevará la instrucción. Formará Sala con Pilar de la Oliva, la presidente del alto tribunal, y con Vicente Torres, exfiscal Anticorrupción propuesto por el Botánico para la Sala de lo Civil y Penal.

• Temas
• Mónica Oltra