Oltra y su exmarido estuvieron empadronados juntos nueve meses desde que ella se enteró de los abusos

El Ayuntamiento de Riba-roja ha confirmado a través de un certificado de convivencia, que el exmarido, que ha sido condenado a cinco años de prisión por un delito de abuso sexual a una menor, dejó el domicilio en abril de 2018, meses después de que se estuviera investigando el caso y de que Oltra fuera conocedora de la situación. Los hechos que se investigaron se produjeron durante los primeros meses de 2017.

El entorno de la vicepresidenta niega una convivencia de pareja durante esos nueve meses y asegura que Oltra y su exmarido firmaron el divorcio el 30 de agosto de 2017, días después de conocer la consellera el caso. Además, y según las mismas fuentes, Oltra y su exmarido dejaro de convivir 15 meses antes de la firma del divorcio, por lo que los hechos juzgados se produjeron cuando ya estaban separados -el fin de la convivencia se debió producir sobre mayo de 2016, y los abusos a finales de ese año y principios de 2017-.

De esta manera se resuelve uno de los grandes enigmas de este caso, que era saber si Oltra y su exmarido convivieron cuando se produjo el abuso y después de que se enterara la vicepresidenta de la investigación.

El juez de Instrucción 15 ya comenzó a enfocar la instrucción en este sentido. De hecho, pidió un informe al Ayuntamiento de Ribarroja en el que certifique las personas empadronadas en la vivienda de la vicepresidenta durante el año 2017, ya en manos de las partes desde este miércoles.

Los abusos, según la sentencia de la Audiencia ratificada por el TSJ, se produjeron en la última parte de 2016 y principios de 2017 sin que la víctima recordara el número de episodios. Oltra, según su comparecencia en Les Corts, la hoja de ruta de todo este asunto, se enteró del caso de los abusos un 4 de agosto. Tuvo conocimiento de esto porque llegó una notificación judicial a su casa. Nunca antes su pareja le comentó este hecho como quizá sería lógico concluir.

El juez pretendía aclarar el periodo que Luis Ramírez Icardi, el docente condenado, estuvo empadronado en la casa. Y quizá también otro hecho importante: cuándo dejó de estarlo. Es una realidad que el 4 de agosto, seis meses después de los abusos y de la primera investigación que abordó la Conselleria y donde se le tomó declaración al afectado, seguía residiendo, a efectos administrativos, en el domicilio de la vicepresidenta.

No es la única diligencia que queda pendiente desde aquella providencia del pasado 11 de marzo. El juzgado también ordenó a la Policía Local de Valencia que hiciera un informe acerca del recorrido de la orden de alejamiento contra el educador. Es otra de las incógnitas de esta causa. Existe polémica sobre cuándo conoció la Conselleria de Igualdad que se había abierto un procedimiento judicial contra el marido de Mónica Oltra. El titular de Instrucción 15 mantiene, según se desprende de sus interrogatorios, que fue el mismo día que dicta la orden de protección, mientras los responsables sostienen que fue una semana después.

Tampoco queda claro, por otra parte, cuáles son los delitos de los que sería responsable la vicepresidenta. La exposición motivada no los concreta más allá de los que pudieran desprenderse del relato del juez. Las acusaciones sostuvieron en su día que se investigaban delitos de malversación, por los costes del informe que desacreditó a la menor; prevaricación por encargar el informe sin cobertura legal y la supuesta des protección de un menor tutelado por la Generalitat.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se antoja inminente. Tras el plazo de dos días para alegaciones que concluye hoy, la Sala de lo Civil y Penal se pronunciará en breve. Puede ser esta semana o principios de la próxima. No parece que la decisión se pueda prorrogar más tiempo. Un archivo de la causa contra Oltra favorecería al resto de cargos de Igualdad que están investigados en este procedimiento. El alto tribunal también ha de decidir si asume toda la causa o únicamente lo relacionada con la aforada.