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El pasado 28 de mayo puso punto y final a las dos legislaturas de mayoría de izquierdas en la administración autonómica. La sucesión de polémicas, ... discrepancias internas, debilidades, la marcha de la líder de Compromís Mónica Oltra, la nula sensibilidad del Gobierno de Sánchez, la recuperación del PPCV… las causas de aquel batacazo electoral son variadas. En todo caso, ese día finalizó la responsabilidad sobre la gestión de los ocho años de gobierno anteriores.
¿Finalizó? No exactamente. Bajo la etapa de Gobierno del Botánico, el PP valenciano presentó hasta una docena de solicitudes de comisiones de investigación sobre algunos de los casos más polémicos que envolvieron la gestión del Consell presidido por Ximo Puig. Asuntos que, en algunos casos, llegaron o continúan en los tribunales, pero que el rodillo parlamentario de izquierdas de la pasada legislatura impidió que fuera también el Parlamento valenciano el que debatiera en profundidad sobre estos asuntos.
La pasada legislatura… pues ya acabó. En la actual, la mayoría parlamentaria está en manos de PP y Vox. Y eso significa que la capacidad para sacar adelante propuestas o debates ha cambiado de manos. Dicho y hecho, la formación que lidera Carlos Mazón tiene previsto reactivar en breve las comisiones de investigación que el rodillo del Botánico bloqueó la pasada legislatura. Una decisión con la que populares y Vox quieren volver a poner bajo el foco asuntos sobre los que PSPV, Compromís y Unides Podem no quisieron ni oír hablar en su día. Ahora lo tendrán que oír y tendrán que hablar de ellos.
¿Y qué asuntos son? Pues cualquier responsable de PSPV o Compromís lo debe de tener claro? El PP solicitó una comisión de investigación sobre una «posible trama para conseguir fondos públicos de forma fraudulenta» por parte de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions. Y dicho así igual no les suene de nada, pero si saben que el responsable de estas dos firmas se llama Francis Puig y es el hermano del ya expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, la cosa se hace más entendible.
Sobre el mismo asunto, el PP presentó, y el Botánico vetó, otra comisión de investigación sobre la «relación privilegiada con la administración de las empresas del cártel formadas por familiares del president del Consell». El cártel hace referencia al acuerdo para pactar precios entre determinadas compañías. En este caso, las del hermano del expresidente y las de los Adell Bover. También se rechazó investigar «las ayudas a empresas para la promoción del valenciano».
Francis Puig es uno de los asuntos sobre los que el Botánico impidió que Les Corts pudiera abrir una comisión de investigación. Otro de ellos es el relacionado con Mónica Oltra, la exvicepresidenta del Consell y exlíder de Compromís que tuvo que dejar el cargo tras ser imputada por la gestión de su departamento en relación con el caso de los abusos a una menor tutelada por la Generalitat por el que fue condenado a 5 años de cárcel su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi.
El PP solicitó una comisión de investigación sobre «la gestión y control» de la Generalitat sobre los centros menores, y también sobre las «irregularidades cometidas por la conselleria de Igualdad» dirigida por Oltra y puestas de manifiesto por la Audiencia de Valencia, así como las posibles responsabilidades administrativas y políticas en la gestión de los centros de menores dependientes de la Generalitat. Porque fue en uno de ellos en el que se produjeron los abusos por los que Ramírez Icardi fue condenado a prisión -el juez le ha citado este martes para poner fecha a su ingreso en un centro penitenciario-.
Otro de los asuntos sobre los que el PP trató de impulsar una investigación es el incendio de Bejís que en agostó de 2022 asoló la comarca del Alto Palancia. Y en particular, el caso que afectó al tren encargado de recorrer la línea Sagunto-Caudiel-Teruel-Zaragoza, y que tuvo que interrumpir su recorrido y regresar por donde había venido después de que ni un solo responsable le comunicara que había un incendio forestal justo por donde transcurría la vía.
El asunto, que milagrosamente acabó sólo con algunos pasajeros heridos, destapó obvias carencias de coordinación entre los equipos y el personal encargados de hacer frente al fuego y ADIF, que aún a pesar del obvio avance de las llamas, no contempló la posibilidad de cortar el tráfico de la línea afectada hasta que la maquinista se topó con las llamas y decidió dar marcha atrás.
Son sólo algunas de las principales comisiones de investigación solicitadas por el PPCV y rechazadas por el Botánico. Pero suman hasta una docena. Asuntos de máxima trascendencia política, no solo por la polémica política que les ha rodeado como por la relevancia pública de los afectados y que, como en cualquier comisión de investigación, podrían ser citados a declarar para que aportaran información o explicaciones sobre los hechos analizados. Desde el propio Ximo Puig a la exvicepresidenta Oltra, pasando por la exconsellera y actual vicepresidenta de Les Corts Gabriela Bravo.
La iniciativa de los populares parece evidente, después de dos legislaturas en las que el Gobierno tripartito valenciano no cedió más que una sola oportunidad a los grupos de la oposición para impulsar una comisión de investigación sobre algún asunto que afectara a esos partidos -fue con el caso Azud, y únicamente porque Compromís ya veía venir el batacazo político al que estaban condenados tras la caída de Oltra-, PP y Vox consideran llegado el momento de, ahora sí, poner el foco sobre la gestión que desde la administración autonómica se hizo de determinados asuntos. Todos ellos, además, de máxima sensibilidad social, por tratarse de la gestión de menores tutelados por la Generalitat, como es el caso Oltra, la gestión y el control de los fondos públicos, en el caso de las subvenciones al hermano de Francis Puig, o la atención y protección de los ciudadanos en situación de emergencias, como sería el caso del tren de Bejís.
Casos para los que los populares consideran que más allá de su recorrido judicial, cuentan también con un recorrido político y unas responsabilidades que el Parlamento valenciano puede y debe debatir. El anuncio de la reactivación de estas comisiones coincide con la presentación de la primera comisión de investigación de esta legislatura, la que afectará a la situación del sector público.
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