Oltra, frente a la ampliación de la investigación: «Si me quieren a mí, me tienen. Que no busquen más»

Oltra realizó esta valoración del procedimiento judicial una vez finalizó un acto con periodistas en el que les explicó la situación actual de las prestaciones de inclusión, tanto los datos de la Renta Valenciana de Inclusión, que gestiona su conselleria, como los vinculados al Ingreso Mínimo Vital que otorga el Gobierno central.

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A. Rallo

«Le están buscando tres pies al gato. Lo cierto es que yo pedí el expediente para saber qué había pasado. Todo eso lo tiene el PP y Ciudadanos, y yo lamento que se cuestione a los funcionarios, su trabajo, es injusto e innecesario, porque el expediente lo pedí yo, como ya he dicho en repetidas ocasiones en Les Corts. Está explicado y ahora parece que se quiere inventar la rueda», ha indicado la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La vicepresidenta ha insistido en que «lo que se hace ahora es explicar lo que ya expliqué yo. Se pretende poner en entredicho lo que ya está dicho. Había que poner orden en esa conselleria. Me enteré un 4 de agosto (2017) de lo que estaba pasando, y lo hice no en calidad de consellera sino por mi relación personal (con su exmarido), y pedí un expediente informativo para saber por qué había pasado todo lo que pasó y poder poner orden. Ahora está claro el papel de cada uno, algo que entonces no pasaba. Queríamos saber en qué estábamos fallando y establecimos las directrices para que no volviera a pasar».

Durante la semana pasada se tomó declaración en los juzgados a los funcionarios vinculados con la tramitación de ese caso. El pasado viernes, el juzgado dictó un nuevo auto por el que imputa a cinco cargos más de la Conselleria de Igualdad. El más relevante es, sin duda, el de Rosa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia, nombrada directamente por la consellera, lo que supone que por primera vez la investigación salpica a una persona de la dirección política de la conselleria. Molero fue quien dio la orden de abrir el expediente administrativo, según aseguró el martes pasado Isabel Serra, otra de las investigada. Ese expediente terminó siendo una «instrucción paralela», según la sentencia de la Audiencia, algo que Oltra niega porque defiende que era necesario saber «qué había pasado, porque yo y el resto de la dirección política de la conselleria no nos habíamos enterado antes, y era porque faltaban las directrices y protocolos que posteriormente hemos puesto en marcha». La vicepresidenta ha insistido en que el procedimiento judicial «está impulsado por la extrema derecha, es una cacería política».