Mónica Oltra: dos años y medio atrapada por la Justicia

Todo esto desencadenó una investigación a su conselleria que ha terminado con su imputación. Lo que empezó siendo un caso acotado a las acciones de su exmarido -no por ello exento de cierta presión política- ha terminado afectando de pleno a su conselleria, con casi una decena de cargos imputados y con su máxima responsable investigada tras la exposición motivada del juez y el demoledor aval de la Fiscalía del TSJ.

Estos son los principales hitos del episodio más delicado que ha vivido la líder de Compromís. Parece una tarea titánica mantener su carrera política a salvo de todas estas turbulencias judiciales.

7 de Noviembre 2019. Primer juicio a Luis Ramírez Icardi, exmarido de Mónica Oltra por los abusos a una menor de 14 años de edad. Con anterioridad a esta fecha se habían suspendido varios señalamientos porque la víctima no acudía al juicio. Esto retrasó las publicaciones en los medios de este delicado asunto.

2 de Diciembre de 2019. Icardi es condenado a cinco años de cárcel por los abusos a una menor en el centro Niño Jesús. Además, se le impone no poder trabajar con menores durante los próximos diez años y el abono de una indemnización de 6.000 euros a la menor.

Semanas posteriores a la sentencia. La tensión entre la Fiscalía de Menores y la Conselleria de Igualdad aumenta después de que el departamento de Oltra anuncie que existe un informe que pone en duda la credibilidad de la menor. Fiscalía, en el expediente de protección de la menor, había reclamado ese dosier hacía dos años, en 2017. Esos informes nunca se aportaron a la investigación judicial contra el educador que se seguía en Instrucción 12 de Valencia.

29 Junio de 2020. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictamina que se repita el juicio para incluir entre la prueba a valorar un informe del Instituto Espill cuyas conclusiones exculpan al acusado al poner en duda la credibilidad de la víctima. Todo este dosier forma parte de un expediente abierto por supuestamente una orden de Oltra seis meses después de concluir que la menor carecía de credibilidad. Pero acuerda que la vista se celebre con el mismo tribunal.

11 de enero de 2021. La Audiencia vuelve a juzgar al docente. Sólo se incluye en la vista el informe favorable de parte de la Conselleria y la declaración de la perito del IML.

23 de marzo de 2021. La Audiencia vuelve a condenar al docente a cinco años de cárcel, pero ahora, además, con la agravante de superioridad. Los magistrados aprovechan para cargar contra la Conselleria de Igualdad por la gestión que hizo de este asunto tanto a la hora de no investigar con intensidad la denuncia como a la hora de restar credibilidad a la menor con el famoso expediente. Desliza la posibilidad de un intento por tapar los hechos para mitigar la responsabilidad de la Generalitat.

28 de Marzo del 2021. El centro donde trabajaba el educador le despide tras conocer esta segunda resolución de condena. Icardi les demanda por despido improcedente y la orden religiosa que gestiona las instalaciones de los menores es condenada, meses más tarde, a pagar 17.000 euros por despido improcedente.

20 mayo de 2021. La menor, representada por ESPAÑA 2000, presenta una denuncia en los juzgados contra cuatro responsables de la Conselleria por no protegerla de los abusos y dejarla desasistida. Este asunto está en Instrucción 15. Deciden archivarlo hasta que la sentencia de los abusos sea firme. La victima lo recurre.

23 junio de 2021. Una entidad que controla Cristina Seguí presenta una querella en el TSJ contra Oltra y otros responsables por hechos similares a la denuncia de la menor. El alto tribunal ordena que el caso vaya a un juzgado de instrucción y solo cuando haya indicios de la participación de la consellera que fuera remitido al TSJ. Al final, el asunto cae en Instrucción 3.

17 de septiembre de 2021. El TSJ ratifica la condena al educador y se suma al reproche a la Conselleria por cómo se gestionó la denuncia por abusos. Otros tres magistrados ven también suficiente base para reprochar la actuación de la Generalitat.

Diciembre de 2021. La Audiencia de Valencia dicta un auto por el que ordena la reapertura de la investigación contra funcionarios del departamento autonómico por una supuesta falta de protección de la menor. Da la razón a la menor víctima de los abusos, que recurrió ante el sobreseimiento de las actuaciones.

14 de Febrero 2022. El juez, siguiendo la orden de la Audiencia, inicia la investigación con las primeras ocho imputaciones. Seis son de cargos de la conselleria.

4 de marzo de 2022. El juzgado dicta un nuevo auto por el que imputa a cinco cargos de la Conselleria de Igualdad. El más relevante es, sin duda, el de Rosa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia. Molero es alto cargo. El cerco se estrecha alrededor de la vicepresidenta.

7 de marzo de 2022. En un desayuno informativo, Oltra admite a los periodistas que fue ella la que dio la orden de abrir un expediente, «instrucción parajudicial» en palabras de la sentencia de la Audiencia, para analizar qué había ocurrido. Días más tarde, las dos suborinadas dicen en el juzgado que actuaron de motu proprio. Ahora, recientemente, Oltra ha cambiado de versión. Ya no tiene nada que ver con el controvertido expediente.

2 de abril de 2022. El juez que investiga la gestión de la Conselleria de Igualdad en el caso de los abusos de su exmarido ha concluido que existen indicios «racionales y sólidos» de la participación de la vicepresidenta en toda la extraña operativa para ocultar el suceso y desacreditar a la víctima de los abusos.

17 de mayo de 2022. El TSJ informa de los miembros de la sala que decidirán sobre la vicepresidenta.

19 de mayo de 2022. Oltra se persona con dos abogados para presentar alegaciones a la exposición motivada del juez y evitar su imputación. Mantiene que no existen indicios contra ella, que son todo elucubraciones y conjeturas del juez instructore y ahora sorprendetemente niega que diera ella la orden del expediente para supuestamente averiguar qué había pasado.

9 de junio de 2022. Se conoce el contenido del informe de la Fiscalía sobre los indicios contra la vicepresidenta. Por primera vez, la acusación pública se pronuncia respecto al carácter delictivo de la actuación fundamentalmente de Oltra. Le imputa tres delitos: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y abandono de menor. Este último castigado con pena de cárcel. El ministerio público sostiene que Oltra ideó un plan, cuya orden fue verbal para no dejar rastro, y que tenía como objetivos silenciar a la menor, proteger al marido y exculpar a la Conselleria de cualquier responsabilidad en los hechos.