Oltra lidera el silencio frente a las quejas ante la Generalitat

Igualdad deja sin respuesta quejas en relación al tiempo excesivo de tramitación de la renta valenciana de inclusión o de tramitación de la solicitud de vivienda tutelada, así como por no estar conforme con el importe inicial de esa renta de inclusión o por la tardanza en resolverse algún expendiente vinculado a la solicitud de la pensión no contributiva de jubilación. Algunas de esas quejas constataban en mayo el retraso en la resolución de expedientes iniciados entre ocho y nueve meses antes.

Después del departamento de Oltra, en el ránking aparece Sanidad, conselleria gestionada por la socialista Ana Barceló, respecto a la cual la IGS recoge reclamaciones en relación a la demora en la tramitación de la petición de historiales médicos, la falta de respuesta a una queja por disconformidad con la prestación farmacéutica, retrasos en una intervención quirúrgica, una queja asistencial respecto al Hospital de Manises, o la disconformidad respecto a informes sobre resonancia magnética.

En Justicia se acumulan quejas sobre el deficiente funcionamiento del Registro Civil, por falta de respuesta a órdenes administrativas o revisiones de expedientes o de libranzas de funcionarios.

Se da la circunstancia de que, precisamente, en la Conselleria de Justicia se sitúan las competencias de la IGS. La actividad de la inspección ha quedado prácticamente en eso, a tenor de lo que difunde en su propia página web. En lo que va de año y desde noviembre de 2020, la actividad ordinaria del departamento en manos de la consellera Bravo se limita a un informe sobre la tardanza en la tramitación de títulos de familia numerosa y monoparental, y los dos recuentos de las quejas llegadas a los inspectores tras no recibir respuesta en las consellerias pertinentes.

En el olvido quedaron las actuaciones extraordinarias llevadas a cabo por la IGS, especialmente durante la primera legislatura del Botánico, cuando el servicio recaló en la Conselleria de Transparencia y Manuel Alcaraz quintuplicó el número de inspectores. Los informes de la inspección desvelaron, entre otras cosas, las cuestiones relacionadas con la falta de control administrativo en la contratación de la actividad del sector público instrumental. Tras las elecciones de 2019, el PSPV peleó por gestionar las competencias de la IGS, que pasaron a Justicia, tras lo cual la difusión de su actividad ha decaído notablemente.