Oltra lleva pagados más de 200 millones por servicios sin contrato

El Gobierno valenciano aprobó en su sesión del pasado viernes 27 sendos expedientes de resarcimiento -lo que tradicionalmente se ha conocido como enriquecimiento injusto o extrajudicial- por valor de cinco millones de euros. Ambos acuerdos corresponden a la gestión del departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Desde que la líder de Compromis asumiera esta conselleria en verano de 2015, el recurso a este procedimiento, extraordinario pero legal, se ha convertido en habitual. Hasta el punto de que, según la información a la que ha tenido acceso este diario, el departamento de Oltra lleva aprobados mediante esta fórmula pagos que superan los 200 millones de euros entre los años 2015, 2016 y 2017.

El expediente de resarcimiento o enriquecimiento injusto es un procedimiento administrativo por el que una administración abona a un proveedor un servicio que se ha prestado, pero para el que no disponía de contrato o éste ya había vencido. Se trata de un recurso que se utiliza en aquellos casos en los que, por razones de urgencia o por falta de previsión, es necesario atender una actuación y no se dispone de tiempo para convocar un concurso o el procedimiento administrativo ordinario para su adjudicación. Es, en todo caso, un proceder que permite evitar que el servicio deje de prestarse. Aunque, eso sí, implica obviar un nuevo concurso de contratación administrativo, puesto que con ese expediente el pago se realiza al proveedor que ya ha realizado la actividad.

El recurso al expediente de resarcimiento se ha convertido en frecuente en el departamento que dirige Oltra. En el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) figuran un total de 36 referencias desde el arranque de esta legislatura de la conselleria de Igualdad, y superan los 9 millones de euros. La ley obliga a aprobar en el pleno del Consell y a publicar en el DOGV aquellos enriquecimientos injustos que hacen referencia a pagos de ejercicios anteriores al del presupuesto en vigor. A principios del mes de abril, sin ir más lejos, se publicaron varios expedientes que obligaban a la Generalitat al pago por servicios correspondientes a 2017. «Teniendo en cuenta que en el expediente tramitado quedan justificadas las actuaciones practicadas, según el detalle de las facturas conformadas que se adjuntan, y considerando que debe evitarse un enriquecimiento injusto a favor de la Administración por los servicios prestados...», se puede leer en el texto de algunas de las propuestas de acuerdo sobre estos pagos.

Pero esos abonos de ejercicios anteriores son la parte más pequeña de los expedientes de resarcimiento de la conselleria de Oltra. La mayoría de enriquecimientos injustos corresponden a pagos dentro del ejercicio en vigor, por servicios que se han prestado y para los que no existía un contrato o éste ya había expirado. En 2015, con la llegada al Consell de PSPV y Compromís, el departamento que dirige Mónica Oltra aprobó expedientes de resarcimiento que sumaban 26 millones de euros. No es una cifra especialmente significativa e incluso tiene cierta justificación porque con el cambio de Gobierno y la llegada de los nuevos gestores a la administración autonómica podía entenderse que se produjera un cierto desajuste entre los contratos que vencían y la apertura del procedimiento administrativo para convocar nuevos concursos.

Pero lo que en 2015 fueron 26 millones en expedientes de resarcimiento pasaron en 2016 a 75 millones y se han elevado en 2017 hasta los 103 millones de euros. La cifra total alcanza los 204 millones de euros. El argumento de la bisoñez en la gestión de los primeros meses ya no se sostiene para los siguientes ejercicios, y deja paso al de la falta de previsión y a los concursos paralizados o que no se convocan y que obligan a seguir pagando a los actuales gestores mediante enriquecimientos injustos.

La conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha convertido, según las fuentes consultadas por este diario, en el segundo departamento del Gobierno valenciano que más recurre a este procedimiento -que el PPCV llegó a llevar a los tribunales en su denuncia contra Mónica Oltra, aunque Fiscalía terminó archivándolo-.

La única conselleria que supera en volumen al departamento que dirige la vicepresidenta es la conselleria de Sanidad. Aunque con el matiz, no anecdótico, de que el presupuesto que dirige Carmen Montón es cuatro veces superior. Y que el presupuesto de esa conselleria es deficitario desde el mismo momento que se aprueba -porque el gasto real es siempre superior al previsto-, por lo que se hace necesario recurrir a esta fórmula. Pero que la conselleria que dirige Mónica Oltra apruebe tantos expedientes de resarcimiento resulta llamativo. Las fuentes consultadas por este diario atribuyen esta situación a la falta de previsión con la que se trabaja en un departamento «muy volcado en la política y en la visibilidad pública de Oltra, y muy poco en arremangarse en el día a día de la gestión de los centros, las residencias y los programas integrales».

El subsecretario de la conselleria de Oltra es Francesc Gamero, y él es uno de los directamente señalados por esta situación. Entre otras razones, porque se le considera el responsable de vigilar la fecha de vencimiento de los contratos del departamento.

Los expedientes de enriquecimiento injusto afectan a las principales áreas del departamento que dirige Oltra. El modelo de residencias de accesibilidad, creado en su día por Rafael Blasco y desarrollado después por Juan Cotino, suma desde el inicio de la legislatura -y sin contar 2018- con expedientes de resarcimiento que alcanzan los 80 millones de euros. La portavoz del PP María José Català denunció hace pocos días que mientras Oltra sostenía que ese modelo era un «mal modelo», ahora ha dejado el 70% de las plazas en manos de las empresas que durante la etapa del PP gestionaban esas residencias. Lo que se vino en denominar 'modelo Cotino' constituye el gran paquete de enriquecimientos injustos aprobados en lo que va de legislatura por la conselleria de Igualdad.

Pero no es el único. La gestión integral de centros de la tercera edadse ha llevado expedientes de resarcimiento que alcanza los 60 millones de euros al abonarse el servicio por la gestión cuando ya había vencido el periodo por el que habían sido adjudicadas. La gestión integral hace referencia a aquellos centros públicos en los que la titularidad es la administración autonómica aunque la gestión se saca a concurso para que sea una firma privada la que la preste. En la misma situación se encuentra la gestión integral de los centros de enfermos mentales -12 millones de euros-, los de Menores -3,2 millones- o los de la Mujer -175.000 al mes-.

La farmacia supone un recurso mensual al expediente de enriquecimiento injusto que asciende a 225.000 euros, por la teleasistencia se ha abonado 1,8 millones a través de este recurso y por el de 'Majors a casa' -el programa dirigido a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores que permanezcan en su domicilio, facilitándoles los servicios básicos- se abona un millón al año con expedientes de resarcimiento.

El frecuente recurso a los expedientes de resarcimiento por parte del departamento de Oltra no ha pasado inadvertido al PP -que dispone de la información correspondiente a todos los expedientes aprobados hasta finales de 2017- ni a los propios socios del Consell. Hasta el punto de haber consolidado la percepción de que la vicepresidenta, que según los sondeos mantiene un nivel de valoración política muy elevado y que goza de un destacado nivel de presencia en los debates políticos (autonómicos y también nacionales), arrastra en cambio una gestión de la que no puede presumir. Tanto por haber convertido en habitual un recurso que en realidad debería de ser extraordinario, como por las polémicas a las que ha tenido que hacer frente a lo largo de la legislatura. Y en especial, la que mantuvo tras una denuncia contra un centro de menores de Segorbe gestionado por Capuchinas en el que se habría encubierto, dijo, un presunto delito de abuso sexual por parte de un extrabajador a una menor de 17 años.

La Intervención de la Generalitat ha advertido en alguna ocasión Oltra del exceso del recurso a los expedientes de enriquecimiento injusto. Este diario ya publicó en febrero de 2017 que este órgano, que es el encargado del control «de todos los actos de la Administración de la Generalitat, y especialmente en lo que se refiere a aquellos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico», había advertido hasta en 107 ocasiones a vicepresidencia de diversos reparos en relación con la Ley de Contratos Públicos, precisamente por el recurso a los enriquecimiento injustos. Los avisos hacían referencia a la falta de convocatoria y concurso público.

Las críticas a la gestión de Oltra han llegado también de la mano de de instancias oficiales. El Síndic de Greuges dictaminó el pasado año cerca de 1.200 resoluciones en las que establecía una serie de recomendaciones a las administraciones valencianas, informes elaborados a partir de otras tantas quejas recibidas por parte de ciudadanos descontentos con la atención o el servicio prestado por los Gobiernos autonómico, provinciales o locales, y que solicitaban el amparo del defensor del pueblo valenciano. De ellas, más de 400 iban dirigidas a la conselleria que dirige Mónica Oltra.