Oltra mantiene el pulso con Bravo sobre la ley que pretende terminar con la prostitución

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que el Consell «no está en tesitura de desacuerdo» respecto a la propuesta de justicia de abolir la prostitución y ha considerado que las alegaciones de Igualdad forman parte de un «proceso normal». No obstante, mantiene su posición respecto a que la modificación de la norma aborda cuestiones de «competencia estatal» y critica a Justicia por «arrogarse competencias» en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, que corresponden a su área de gestión.

De nuevo, el enfrentamiento entre las consellerias de Igualdad y Justicia marca las diferencias en el seno del Consell. Además, a esta circunstancia, la de las competencias limítrofes, se una la mala relación personal entre Oltra y Bravo. El último episodio conflictivo entre ambas se produjo cuando la consellera de Justicia apuntó que si su situación judicial perjudicara a la conselleria, ella no dudaría en dimitir. De este forma, incrementó la presión sobre una vicepresidenta que vive sus horas más bajas en el Gobierno.

Durante la rueda de prensa posterior al pleno, Oltra ha admitido que «todavía no se puede hablar de que haya acuerdo», pero «siempre se puede llegar a uno». De hecho, elogió el pacto alcanzado entre Compromís y PSPV en el pleno de València el pasado jueves. «El de València, precisamente, va en esta línea de abolir las causas estructurales que hay detrás de la falta de alternativas a la prostitución», ha agregado.

Oltra ha defendido que trabajan con el objetivo de «un modelo que no obligue a nadie a prostituirse». «Entendemos que este fenómeno se tiene que abordar, por un lado, desde el marco general, abordando las causas que provocan esta vulnerabilidad y distinguiendo muy bien la trata con fines de explotación sexual de las personas que se dedican libremente a esto y se autodenominan trabajadores sexuales. No se puede mezclar todo en el mismo bote», ha explicado.

La vicepresidenta ha insistido en que el bien jurídico que se tiene que proteger es la seguridad de las mujeres y, a su juicio, las medidas prohibicionistas «clandestinizan más aún a estas mujeres». «Si no van acompañadas de un marco general de legislación básica, estaríamos poniendo en peligro a las mujeres y dando el poder absoluto a los proxenetas», ha indicado.

Para Oltra, «si no hay un cambio en el Código Penal que penalice el proxenetismo, lo que hacemos con medidas punitivas de multas en la calle es darle todo el poder a los proxenetas, eso es poner en peligro la seguridad de las mujeres». También ha apuntado que la situación se agrava en caso de mujeres migrantes explotadas sexualmente que se encuentran en situación irregular.

Además, la consellera de Igualdad ha manifestado su preocupación porque estas medidas dificulten más la labor de las profesionales del programa Alba, que trabajan con mujeres obligadas a ejercer la prostitución.

«Si ya es muy difícil trabajar y llegar a ellas porque las cambian mucho de lugar, en una deriva de clandestinización puede ser muy difícil que se puedan poner en contacto con ellas y así se le da todo el poder a los proxenetas», ha indicado.

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