Oltra paga más de 300 millones por servicios prestados sin contrato

El expediente de enriquecimiento injusto es aquel procedimiento por el que una administración abona a un proveedor un servicio que éste ya ha prestado, aunque no dispusiera de contrato para hacerlo o éste ya hubiera vencido. Se trata de un recurso que se utiliza en aquellos casos en los que, por razones de urgencia o por falta de previsión, es necesario atender una actuación y no se dispone de tiempo para convocar el procedimiento administrativo ordinario para su adjudicación. Es una vía que permite evitar que el servicio deje de prestarse, aunque, eso sí, implica obviar un nuevo concurso de contratación, puesto que con ese expediente el pago se realiza al proveedor que ya ha prestado el servicio.

Los expedientes de enriquecimiento injusto no son ilegales, aunque van en la dirección contraria a los principios que sí se garantizan con los concursos públicos -ahorro y transparencia entre otros-. El recurso al enriquecimiento injusto es habitual en Sanidad, sobre todo para aquellas administraciones que no disponen de una Agencia o Instituto que permiten agilizar trámites. En el caso valenciano, existen 24 departamentos de salud -algunos de ellos con más de un hospital, y todos ellos con capacidad de compra-. El recurso al enriquecimiento injusto resulta inevitable y hasta el Tribunal de Cuentas ha venido a pronunciarse en ese sentido, al entender que «los suministros de medicamentos en los hospitales deben quedar asegurados». El 90% de los enriquecimientos injustos de Sanidad, más de 3.800 millones, responde al gasto de farmacia. Infinidad de proveedores, gastos repetitivos, lotes muy grandes..., las fuentes de la Administración consultadas por este periódico remarcan que es una realidad que se repite en ámbitos sanitarios de muchas regiones.

¿E Igualdad? La justificación que vale para la conselleria de Sanidad no se sostiene con la conselleria que dirige Mónica Oltra. «Ni hay muchos proveedores ni muchos órganos de contratación, ni se producen circunstancias vinculadas a la salud que haya que atender con urgencia», se detalla.

El caso es que el departamento de Oltra acumula más de 300 millones de euros pagados a través de enriquecimientos injustos esta legislatura. A los 297 que figuran en el gráfico que ilustra esta página cabe sumar otros 8,6 millones aprobados en el pleno del Consell del pasado viernes -7,3 millones corresponden al pago de 'plazas de accesibilidad social para personas mayores dependientes durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018', y otros 1,3 millones por centros integrales-. La cifra contrasta -excluidos los datos de Sanidad- con el recurso al enriquecimiento injusto del resto de consellerias. De hecho, de los 438 millones de euros abonados con este procedimiento, 300 pertenecen a la conselleria que dirige Mónica Oltra, es decir un 68,5%.

¿Y a qué se debe este recurso al enriquecimiento injusto tan frecuente en la conselleria de Igualdad? Las fuentes consultadas por este diario atribuyen esta circunstancia a varios factores. Hasta 2015, los servicios de contratación de Bienestar Social estaban considerados entre los más ágiles de todas las consellerias, en cuanto a su agilidad y eficiencia. «Aquello se desmanteló», explica una fuente conocedora de lo ocurrido en Igualdad. Y la consecuencia inmediata ha sido que por procedimiento injusto se han tenido que abonar desde la gestión de centros de menores hasta los diagnósticos psicológicos, el teléfono de la infancia, la calefacción y el aire acondicionado, la limpieza, las gestiones integrales de las residencias de tercera edad, la teleasistencia el Majors a casa, la diversidad funcional... Una acumulación de conceptos que delatan los problemas con la gestión en el departamento de Oltra y por los que muchos señalan también al subsecretario de la conselleria, Francesc Gamero, como responsable.