Oltra pagó 51 millones de euros por servicios sin contrato a la empresa de la que Pla es directivo

Los datos figuran en una respuesta parlamentaria facilitada por el Consell a una pregunta del grupo popular de Les Corts. Las cifras revelan un total de 298 abonos durante los seis años mencionados, con un pago que en su conjunto alcanza una cifra total de 51.143.450,42 euros. Todos ellos mediante este procedimiento de abono en el que el pagador, en este caso la administración autonómica, tiene que satisfacer una deuda con quien le ha prestado un servicio aunque en su momento carecía del pertinente contrato para hacerlo.

Los datos por anualidades, que figuran desglosados en la respuesta parlamentaria, señalan que en 2016 se abonaron 27 contratos por 4.943.351,01 euros; en 2017, 65 contratos por 11.972.407, 72 euros; en 2018, 10 contratos por 1.691.001,51 euros; en 2019, 26 contratos por 3.171.752,55 euros; en 2020, 59 contratos por 9.926.200,71 euros; y por último en 2021, 99 contratos por 17.485.503,32 euros.

Gesmed es una de las firmas más reconocidas en el ámbito de la gestión de residencias de la tercera edad. Ignasi Pla, exsecretario general de los socialistas valencianos, es desde 2013 el director de desarrollo corporativo de la misma, según explica en sus redes sociales. El director general de la firma, a la que tradicionalmente se han atribuido estrechas relaciones con el PSPV, es Emèrit Bono, hijo del veterano exconseller socialista bajo la etapa de Joan Lerma.

El sumario del caso Azud, que investiga favores urbanísticos a cambio de una supuesta financiación irregular que afectaría al PSPV, revela una alianza durante los años investigados entre el presunto cabecilla de la trama, Jaime Febrer, y Gesmed, por la que el empresario también habría tratado de obtener en aquel momento adjudicaciones en el ámbito de las residencias. La etapa sobre la que se centran las investigaciones de Azud coincide en parte con el mandato de Pla como líder de los socialistas valencianos.

El excesivo recurso al pago mediante expediente de enriquecimiento injusto ha sido una de las críticas que con más frcuencia se ha realizado sobre el departamento dirigido por Oltra -que presentó su dimisión hace una semana tras su imputación por el TSJ en el caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat-. De hecho, sin contar la conselleria de Sanidad, el departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas es el que en más ocasiones recurre tradicionalmente a un procedimiento que, sin ser ilegal, sí que está considerado como irregular.

Los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto constituyen una de las prácticas contables del Consell que más reproches merecen por parte de los órganos fiscalizadores. La Intervención de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes y la Agencia Antifraude son algunos de los organismos que han afeado a la administración autonómica el abuso de una práctica en la que, tal y como señala el organismo que dirige Joan Llinares, «concurre un elevado riesgo de fraude y corrupción».

Una prórroga de un contrato, o un servicio solicitado de urgencia, son ejemplos de esa práctica también conocida como expediente de resracimiento que en sí no vulnera la ley, aunque es acordada en un acto administrativo que es nulo de pleno derecho, y que queda reservado para situaciones excepcionales. Y que en algunas ocasiones destapa «contrataciones irregulares que surgen a raíz de tramitar como contrato menor contrataciones que no deberían serlo, como consecuencia de fraccionamientos irregulares o, incluso, en supuestos de contratación verbal», como admite Antifraude.

La Intervención de la Generalitat también ha afeado esta práctica. El órgano fiscalizador señala que el elevado volumen de expedientes hace pensar que este procedimiento se utiliza «con mayor frecuencia de lo excepcional como solución para el pago de facturas carentes de los requisitos para su abono por el procedimiento ordinario», la insuficiencia de los créditos consignados –por falta de previsión o por la distribución que se hace del crédito en un contexto de infrafinanciación– o la ausencia de una planificación adecuada para concatenar la finalización de un contrato y el inicio del nuevo obligan a activar este procedimiento.

Por su parte, la Sindicatura de Comptes apremiaba a la administración autonómica en uno de sus últimos informes a adoptar las medidas necesarias «para limitar el recurso al enriquecimiento injusto como forma de convalidar los gastos contraídos sin consignación presupuestaria y sin tramitación previa y preceptiva del expediente de contratación», tal y como exige la normativa pública al respecto. Según la entidad que dirige Vicent Cucarella, la Generalitat realizó en 2017 pagos mediante esta fórmula que ascendieron a 1.115 millones, cifra que en 2018 alcanzó los 1.422, en 2019 los 1.443 y que en 2020 se dispararon hasta los 1.763 millones de euros. En total, un incremento del 58% en sólo cuatro años de un procedimiento con el que el órgano que dirige Vicent Cucarella siempre ha mostrado su discrepancia.