Oltra camufla como ataque a la mujer los reproches judiciales en el caso de abusos de su ex

La sentencia que condena al exmarido de Mónica Oltra por abusos sexuales ha supuesto un severo correctivo a la forma de actuar de la Conselleria de Igualdad. Los tres magistrados de la sección Segunda de la Audiencia reprochan al departamento que no creyera nunca a la víctima, que la tachara de agresiva y problemática, que se ocultaran los apellidos del abusador, que no se denunciaran los hechos y que la Conselleria emprendiera una investigación «parajudicial» para tratar de aminorar su responsabilidad en este suceso.

Unas críticas -durísimas en esta última sentencia- que ya respaldaron otros tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la fiscal del caso. Todos los focos apuntaban ayer a la vicepresidenta. Y Oltra apostó por desviar la atención y enarbolar la bandera del feminismo. En un vídeo difundido en redes sociales, anunció que comparecerá en Les Corts para dar todas las explicaciones y allí estará a disposición de todos los partidos. «Siempre he dado la cara». Pero, en ese mismo audio, se preguntó si el verdadero interés «mediático y de los partidos» es por la víctima de este caso, entonces una menor de 15 años, lo acaecido y la sentencia «o culpabilizarme a mí de algo que no he hecho; culpabilizarme por extensión». Oltra fue un paso más allá y reflexionó acerca de que no se puede permitir «ni como mujer ni como madre ni como consellera, una sociedad que culpabiliza y sigue culpabilizando a las mujeres y a las familias de hechos que no somos responsables».

Llama la atención las reflexiones de la vicepresidenta en este episodio. La sentencia de la Audiencia se ciñe en criticar la actuación de su conselleria por una serie de deficiencias que entienden que son relevantes en una administración que debía proteger a la víctima.

Las críticas hacia la vicepresidenta no son por el hecho de que el acusado fuera su pareja en el momento de los abusos sino por el proceder que desplegó la Generalitat en la investigación y protección de la adolescente.

El propio departamento de Igualdad llegó en su momento a reconocer errores. Por ejemplo, la vicepresidenta ya anunció tras el primer fallo -en este se ratifica la condena a cinco años- que había enviado una circular para ordenar a los centros que ante cualquier sospecha remitieran el expediente a la Fiscalía. En este supuesto no se hizo. Fue la Policía y casi se debió más a una casualidad. La menor relató las agresiones cuando era devuelta al centro después de una de sus habituales fugas.

Meses más tarde, se abrió una investigación administrativa -la Audiencia la define como «parajudicial»- que pese a cerrarse con resultado, en teoría, favorable al acusado, nunca se envió al juzgado. La Fiscalía se lo había reclamado hacía dos años. Sólo después de la sentencia se conoció este dosier. Fuentes de la Conselleria indicaron ayer que los expedientes e informes que se realizan «tienen como origen la atención de la niña». Los informes son el resultado de esa atención, sostienen. «También el de la fundación Espill a la que fue derivada la menor para su atención psicológica y emocional ante, en ese momento, una sospecha de abusos». En estos dosieres se pone en duda la versión de la menor.

Desde el departamento de Oltra, ante las sospechas o insinuaciones de posibles injerencias de la dirección de la conselleria en contra de la niña, negaron cualquier actuación en este sentido. «Es más, la dirección tiene conocimiento del caso cuando ya han pasado varios meses desde los hechos y con actuaciones realizadas por la Dirección Territorial y del centro de menores».

LAS PROVINCIAS también preguntó acerca de por qué se omitieron los apellidos del acusado en un informe y por qué el educador envió un escrito con su versión a la directora del centro por si cambiaba algo. No hubo respuesta a estas cuestiones.